El Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 decidió este viernes sobreseer al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei en la denominada causa $Libra, que investiga una presunta estafa con criptomonedas y posibles delitos económicos vinculados al lanzamiento y promoción de ese token.
La decisión del tribunal incluye el sobreseimiento de Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales y al empresario estadounidense Hayden Mark Davis. Además, a Chyi Haur Peh (Julian Peh), María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.
Martínez De Giorgi tomó la decisión luego de un pedido de sobreseimiento de los imputados que hizo el fiscal del caso, Eduardo Taiano, con lo cual la causa quedó cerrada ante la ausencia de querellantes que apelen esta decisión.
De acuerdo a la resolución, el magistrado a cargo, Marcelo Martínez de Giorgi, ordenó que, una vez firme la decisión, se comunique y archive la causa.
La causa buscaba esclarecer posibles irregularidades relacionadas con la promoción de $LIBRA, la criptomoneda creada por el empresario Hayden Mark Davis y difundida por Milei en sus redes sociales.
El caso estalló a las siete de la tarde del viernes 14 de febrero de 2025. En ese momento, el presidente Javier Milei publicó en su cuenta de X el token para operar con la flamante moneda virtual. El precio se desplomó minutos después de inflarse y hubo damnificados por cientos de millones de dólares.
Según la hipótesis denunciada, algunas billeteras vinculadas con los impulsores del proyecto habrían retirado alrededor de 100 millones de dólares, mientras más de 40.000 compradores sufrieron pérdidas. Sin embargo, para la Fiscalía, el resultado económico adverso no bastaba para configurar una estafa. El análisis sostuvo que era necesario demostrar cuál había sido el engaño concreto, cómo había inducido a error a los compradores y de qué manera había provocado sus decisiones de inversión.
En ese sentido, el fallo señaló: “La notoriedad de quien promociona un activo, la repercusión pública del lanzamiento o la confianza que su intervención pueda suscitar no equivalen, por sí solas, a un ardid defraudatorio”.
Uno de los principales fundamentos fue que no se logró demostrar un engaño penalmente relevante que permitiera configurar el delito de estafa. El juez sostuvo que la publicación presidencial pudo aumentar la visibilidad del proyecto e influir en la confianza de los compradores, pero que esa circunstancia no acreditaba por sí sola una maniobra fraudulenta. Para el magistrado, tampoco alcanzaba con demostrar la suba inicial del precio, su posterior caída y las pérdidas económicas: era necesario probar una falsedad concreta que hubiera inducido a los inversores a comprar el activo.
Milei sostuvo que no promocionó la criptomoneda, sino que la difundió, y que no lo hizo como presidente.
El dictamen sostuvo que tampoco se había acreditado que Milei hubiera intervenido, en ejercicio de sus funciones oficiales, en un contrato u operación económica ni que un interés particular hubiera condicionado la actuación de la Administración Pública.
