Por una medida del Gobierno, el comercio exterior y la distribución interna de combustible enfrentan una parálisis total. La Prefectura Naval Argentina comenzó a intimar individualmente a más de 500 profesionales para que retomen sus tareas.
El comercio exterior y la distribución interna de combustible enfrentan una parálisis total tras el inicio de un cese de actividades por tiempo indeterminado de los prácticos, pilotos y baqueanos. Al momento, se reportan al menos 140 buques frenados, lo que mantiene detenidas las exportaciones de granos y las operaciones en terminales estratégicas como Rosario, Bahía Blanca, Campana y Dock Sud. La medida genera alarma por posibles dificultades en el abastecimiento nacional de nafta, gasoil y fuel oil, dado que la actividad en los muelles de distribución está interrumpida. El gobierno intimó a los profesionales para reanudar las funciones.
La medida de fuerza es una respuesta directa al Decreto 690/2026 firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el cual busca desregular el servicio de practicaje para reducir los costos logísticos del país. Mientras el Gobierno sostiene que la reforma es necesaria para eliminar “kioscos regulatorios” y favorecer la competencia, los trabajadores exigen la derogación o suspensión de la norma como condición previa para cualquier negociación.
Por su parte, el Gobierno intimó formalmente a más de 500 profesionales del de practicaje y pilotaje para que reanuden sus funciones de forma inmediata para que reanuden sus funciones en los puertos del país tras el conflicto en las vías navegables que derivo en un paro por tiempo indeterminado.
El impacto económico ya se traduce en pérdidas millonarias en divisas y el desvío de cargas hacia puertos de Montevideo y el sur de Brasil. Ante la situación, la Prefectura Naval Argentina comenzó a intimar individualmente a más de 500 profesionales para que retomen sus tareas de inmediato. El argumento oficial es que el practicaje es un servicio público esencial y su interrupción podría derivar en denuncias penales y sumarios administrativos para los involucrados.
El comunicado del sector
La Corporación Uruguaya de Prácticos del Río Uruguay, Río de la Plata y Litoral Marítimo Oceánico manifiestó su preocupación y desacuerdo respecto a la implementación del Decreto 690/26, que regula los servicios de practicaje y pilotaje en los ríos, puertos y canales de la República Argentina. “Entendemos que dicha normativa genera serios riesgos para la seguridad de la navegación y podría implicar violaciones al Tratado del Río de la Plata, así como desconocer recomendaciones de la **Organización Marítima Internacional (OMI)”, apuntaron.
“El practicaje constituye una actividad esencial para la protección de la vida humana en el mar, la preservación del medio ambiente y la seguridad de las operaciones portuarias. Por ello, resulta imprescindible que se mantengan estándares adecuados de formación, certificación y habilitación de los prácticos, conforme a las prácticas internacionales y a los compromisos asumidos por nuestros países”, agregaron y apuntaron: “Solicitamos al Ministerio que se considere la revisión de esta medida y se promueva un ámbito de diálogo bilateral con las autoridades argentinas, a fin de garantizar el cumplimiento de los tratados vigentes y la seguridad de la navegación en nuestras aguas compartidas”.
En qué consiste la medida
El Gobierno Nacional publicó el nuevo Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales de la Argentina mediante el Decreto 690/2026. Justificó que “el objetivo de modernizar una normativa vigente desde 1991, quitar restricciones que limitaban la competencia y reducir los costos logísticos que afectan al comercio exterior”.
La reforma elimina requisitos considerados obsoletos, facilita el ingreso de nuevos prestadores al servicio de practicaje y establece que los prácticos podrán ser contratados libremente por los usuarios. Además, dispone que la Prefectura Naval Argentina mantendrá un registro abierto de profesionales habilitados, sin límites de cantidad.
El nuevo esquema también introduce cambios para la prestación del servicio. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) fijará tarifas máximas que incluirán todas las tareas propias del practicaje y pilotaje, evitando cargos adicionales no autorizados. Asimismo, las empresas deberán publicar periódicamente los precios de sus servicios y reportar información sobre las operaciones realizadas para fortalecer la competencia y prevenir conductas anticompetitivas.
La normativa flexibiliza además las condiciones para el transporte de prácticos. También actualiza los criterios para la exención del uso obligatorio de prácticos y reconoce la experiencia de capitanes extranjeros con conocimiento de zona y dominio del idioma inglés, en línea con los estándares internacionales de navegación.
Fuente El Destape Web
