Rige el paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) en los niveles inicial, primaria y secundaria.
A través del área de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, advirtió “que ante la convocatoria anunciada por CTERA a un paro nacional docente para el lunes 3 de agosto, “se encuentra plenamente vigente” la Ley de reforma laboral, “que establece a la educación como servicio esencial”.
A pesar de esta advertencia se espera un alta convocatoria al paro propuesto para este lunes 3 de agosto.
En un comunicado UEPC RECHAZÓ el avance del gobierno nacional contra el DERECHO CONSTITUCIONAL DE HUELGA
La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) expresó su más enérgico rechazo al comunicado emitido por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, mediante el cual anuncia inspecciones en establecimientos educativos para controlar el cumplimiento de un régimen de “servicio esencial” durante la medida de fuerza convocada por las organizaciones sindicales docentes.
Además, en la provincia de Córdoba este anuncio resulta jurídicamente inviable. La educación es una competencia propia de la Provincia y las y los docentes, tanto de gestión estatal como privada, mantienen una relación laboral regida por la legislación y las autoridades provinciales. En consecuencia, el Ministerio de Capital Humano de la Nación carece de facultades para inspeccionar, controlar o promover sanciones sobre trabajadores dependientes del sistema educativo provincial.
Principales puntos de reclamo de UEPC
- Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente.
- Recuperación del poder adquisitivo de los salarios.
- Restitución y pago inmediato del FONID y de los fondos nacionales destinados a la educación.
- Sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.
- Rechazo a toda reforma jubilatoria y defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto.
- Defensa de las cajas previsionales provinciales y de la jubilación docente.
- Rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa, por constituir un grave avance sobre el derecho social a la educación, la libertad de enseñanza, el trabajo docente y la responsabilidad indelegable del Estado de garantizar una educación pública, democrática, inclusiva y de calidad para todas y todos.
- Mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.
