Este jueves 16 de julio, el gobierno de Milei intentará aprobar en el senado la denominada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada“. La iniciativa del Gobierno, que pone en juego la soberanía territorial, propone derogar la normativa que fija restricciones a la adquisición de tierras rurales por personas y empresas extranjeras.
El proyecto de Federico Sturzenegger llega al recinto este jueves después de catorce reescrituras y sin los votos garantizados. Habilita la compra ilimitada de campos por parte de privados extranjeros, acelera los desalojos y permite construir sobre tierras incendiadas.
Se trata de un paquete de iniciativas que, en esencia, busca consolidar la extranjerización de la tierra. Por este motivo, uno de los principales debates de la contrarreforma es la Ley de tierras rurales.
La Ley de Tierras Rurales, Ley 26.737, sancionada en 2011, limitaba la extranjerización y concentración del suelo argentino e impone un tope del 15% a la propiedad en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental, establece topes para personas de una misma nacionalidad y prohíbe la adquisición de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y otras zonas consideradas de interés estratégico.
Los puntos centrales de la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional incluyen:
- Compra de tierras: Elimina el tope del 15% que limitaba la propiedad o posesión de tierras rurales en manos de ciudadanos o empresas extranjeras.
- Desalojo exprés: Agiliza los procesos judiciales para recuperar inmuebles ante ocupaciones ilegales, permitiendo la restitución rápida de la propiedad a través de la vía sumarísima bajo caución juratoria.
- Expropiaciones: Establece que la utilidad pública será de interpretación restrictiva y prohíbe la transferencia de dominio sin el pago íntegro y previo de la indemnización, la cual incluirá el lucro cesante directo.
- Ocupación temporánea: Fija un plazo límite de 90 días para la figura de “ocupación temporánea anormal”.
Ley de Manejo del Fuego
- Se deroga el plazo de tiempo de protección (antes dispuestos en 60 años) en caso de incendios de bosques nativos o implantados y áreas naturales, en el que se prohibía la modificación del uso de la superficie, aunque se establecen tareas de restauración sobre esos terrenos.
- Se elimina un apartado del artículo 22 de la ley 26.815, que establece que en terrenos incendiados en zonas agropecuarias o pastizales se prohíben por 30 años la realización de emprendimientos inmobiliarios, actividades agropecuarias o la modificación del uso de la superficie.
