La resolución frenó el cierre de agencias y ordenó a las autoridades a abstenerse de ejecutar la supresión de funciones y unidades dependientes, movimientos de los trabajadores y pase a disponibilidad o desvinculaciones de técnicos.
El juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto hizo lugar a una cautelar que interpuso el gremio de trabajadores estatales. Los detalles de su resolución.
El juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto hizo lugar este martes a la cautelar de no innovar solicitada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), entre otras organizaciones, y le ordenó al INTA “que se abstenga de ejecutar cualquier acto destinado a materializar lo dispuesto en Resolución N°27/2026″.
Es decir, le ordenó frenar la eliminación de la EEA AMBA “y sus unidades dependientes”, así como abstenerse de “movimientos del personal, pase a disponibilidad o desvinculaciones de técnicos de la administración pública, traslado de equipos, asignación de edificios y/o venta y subasta de propiedades que ocupa la EEA (AMBA), laboratorios a fines diferentes a la investigación en extensión en Agricultura Familiar, interrupción y desmantelamiento de ensayos y capacitaciones en el territorio, relacionadas con el incremento de la producción con la preservación de la misma”.
En la supresión de la EEA AMBA y de sus unidades dependientes, evaluó el magistrado, se evidencia “la vulneración de derechos y garantías laborales vigentes en tanto se trasgrede de forma manifiesta el principio de estabilidad, así como los derechos laborales y sindicales reconocidos a los trabajadores estatales, al sustraerlos del ámbito de protección de las Convenciones Colectivas de Trabajo vigentes y al interferir arbitrariamente en cuestiones que, por su naturaleza, deben resolverse en el marco de la negociación colectiva y de los regímenes estatutarios respectivos”.
El fallo argumenta que el centro operativo y sus agencias de extensión constituyen estructuras destinadas a la investigación científica, la transferencia tecnológica, la asistencia técnica a productores y el fortalecimiento de la agricultura familiar, actividades vinculadas con objetivos expresamente promovidos por la Constitución nacional y diversas leyes nacionales.
El INTA tiene unas 47.500 hectáreas de tierra distribuidas por todo el país y también edificios en ubicaciones privilegiadas de algunas ciudades. En este caso puntual, son 33 hectáreas ubicadas entre Hurlingham e Ituzaingó que podrían valer millones de dólares.
