El Gobierno Nacional le respondió a los rectores, docentes y estudiantes que se movilizaron para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento y calificó a la cuarta Marcha Federal Universitaria de “opositora”, al mismo tiempo en que desmintió las acusaciones por falta de pago.

A través de un comunicado firmado por La Libertad Avanza (LLA) la gestión del presidente Javier Milei sostuvo que “El Gobierno Nacional ha cumplido con sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento. Incluso, en el Presupuesto 2026 la partida destinada a las universidades creció y pasó a 4.8 billones de pesos en 2026”, señalaron.
Indicaron que el Presidente y su equipo no van a salirse del compromiso “inquebrantable” de sostener el equilibrio fiscal y rechazaron cualquier cambio en el presupuesto porque eso “implicaría más impuestos” o mayor “emisión monetaria” y, por consiguiente, generaría “más inflación y más pobreza”.
“Vos podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”. Las palabras son de Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, quien así quiso dejar en claro que la cantidad de gente que se moviliza no modifica de manera real el límite de fondos disponibles. “Los legisladores y el presidente se eligen en elecciones libres, no por quien junta más gente”, enfatizó.
“La ley nació muerta para mí, porque viola el primer principio que es el presupuestario”, indicó antes de explicar que toda ley que no especifica el origen de sus fondos, queda sin efecto según la normativa vigente: “La ley de ejecución presupuestaria dice claramente que toda ley que se haya votado y no indique la fuente de financiamiento, será promulgada y suspendida en el mismo acto”.
Álvarez cuestionó los criterios actuales en la asignación de recursos a las universidades. “El sistema existe para generar graduados. Principalmente, la función es formar gente”, subrayó, pero indicó que existe una “desvirtuación completa”, ya que parte del presupuesto se destina al “pago de salarios a las estructuras políticas” más que a la formación académica.
Al respecto, marcó las distorsiones que provoca la existencia de carreras con uno o dos estudiantes y varios docentes. “Licenciado en Música con orientación en clarinete, un alumno. Licenciado en Filosofía, un alumno. Licenciada en Cultura y Lenguajes Artísticos, dos alumnos. Y así, hay un licenciado en saxo, varios”, ejemplificó. Para Álvarez, trasladar recursos a carreras de mayor demanda, como puede ser la de Ingeniería, tropieza con resistencias internas.
En relación al acceso a la universidad, Álvarez señaló: “El ingreso irrestricto tiene el problema de que vos lo tenés que financiar”. Por eso, planteó la necesidad de discutir el sistema de admisión y valoró los modelos de examen de ingreso obligatorio y sistema de cupo que se aplican en otros países.
Sobre el arancelamiento a extranjeros, Álvarez sostuvo: “Hoy está autorizado cobrarles a los extranjeros y, sin embargo, la universidad no lo hace, a pesar de que en algunas carreras es significativa la cantidad de extranjeros”.
Luego planteó que, en muchos casos, estudiantes extranjeros cursan la carrera en Argentina y luego regresan a su país de origen. “La Constitución dice que vengan a habitar el suelo argentino, no a parasitar el suelo argentino”, expresó.


