Una vez más, se complica la situación judicial de Manuel Adorni.
El dueño de una casa en el country Indio Cuá declaró ante la justicia, que el jefe de Gabinete le alquiló su propiedad por más de 20.000 dólares en efectivo, mientras hacía refacciones en su inmueble por 245.000 millones, también ubicado en ese barrio cerrado.
El vecino que le alquiló la casa en Indio Cuá, José Luis Rodríguez, declaró este miércoles como testigo y aportó una pieza nueva a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete. Según contó, Adorni y su familia vivieron durante 18 meses en su propiedad y pagaron un total de más de 20.000 dólares, siempre en efectivo.
Adorni, según el testimonio del propietario, firmó un primer contrato el mes de octubre de 2023, previo a que se desempeñara como funcionario público. Ese acuerdo se realizó por el período del 31 de diciembre de ese año hasta el 3 de marzo de 2024. El valor convenido por locación ascendió a los 5.600 dólares abonados a la hora de la forma del contrato, más 1.000 dolares en concepto de depósito.
Por otra parte, el segundo contrato firmado por Adorni se celebró en marzo del 2024 y fue desde el 1°de ese mes hasta el 28 de febrero de 2025. Ya ejercía como vocero del presidente Javier Milei.
El valor de locación convenido fue de un total de 13.000 dólares en total. Desde marzo a diciembre de 2024, Adorni abonó 800 dólares por mes; desde marzo a diciembre de 2024 pagó 800 dólares por mes; en enero de 2025 depositó 3.000 dólares y en febrero de este año puso 2.000 dólares. Todas estas cifras fueron en efectivo.
Finalmente, el tercer acuerdo, sobre el cual no se instrumento un contrato, se dio entre el período del 1° de marzo de 2025 hasta el 30 de junio de ese año. Adorni abonó un 2.400 dólares en efectivo por los meses de marzo, abril y mayo.
En junio pagó 800 dólares. Este fue el último mes de alojamiento del actual jefe de Gabinete en el lote, ya que se instaló en la propiedad refaccionada en el mismo country. Al igual que los alquileres anteriores, fueron abonados en efectivo.
El fiscal Carlos Pollicita y el juez federal Ariel Lijo investigan si el patrimonio y el nivel de gastos del funcionario guardan relación con sus ingresos declarados.
Hasta ahora, el expediente reconstruyó gastos de al menos US$400.000 vinculadas a propiedades y deudas superiores a US$330.000.
