Los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro fueron destituídos este miércoles, por “negligencia grave y mal desempeño” de sus funciones en el caso de Nora Dalmasso, asesinada en Río Cuarto en noviembre de 2006.
El pedido había sido formulado por la fiscal general adjunta Bettina Croppip, ante el Jurado de Enjuiciamiento que sesiona en la Legislatura provincial, argumentando que los tres funcionarios incumplieron con sus deberes y demoraron injustificadamente el esclarecimiento del hecho.
La fiscal fue contundente al afirmar que el “principal sospechoso estaba ante sus ojos y no hicieron nada”, en referencia al jardinero Roberto Bárzola, cuyo ADN fue hallado entre las prendas de Dalmasso. Esgrimió también que los fiscales destituídos se enfocaron en cuestiones relativas a la vida privada de la víctima e impulsaron la teoría de un “amante asesino”.
Durante el proceso declararon más de 30 testigos, entre ellos peritos, policías, funcionarios judiciales y allegados a Dalmasso.
Dalmasso fue asesinada el 25 de noviembre de 2006 en su casa del barrio Villa Golf de Río Cuarto, en uno de los casos más resonantes de los últimos años.
El esposo de la víctima, Marcelo Macarrón, estuvo bajo investigación en primer término, como así también Facundo, su hijo mayor, ambos presentes en la audiencia de este miércoles, al igual que Valentina, la otra hija de Nora Dalmasso.
“Ahora queremos que el asesino termine preso y que mi mamá tenga justicia. Estamos muy dolidos porque hubo mucha re victimización” manifestó Facundo Macarrón.
El jury
La apertura del proceso de enjuiciamiento fue el 4 de diciembre de 2025 con la admisión formal de la denuncia por parte del Jurado, integrado por su presidenta -y vicepresidenta de la Unicameral- Julieta Rinaldi (Hacemos Unidos por Córdoba); los legisladores Facundo Torres Lima (Hacemos Unidos por Córdoba), Miguel Nicolás (Unión Cívica Radical) y Walter Gispert (Frente Cívico); y por la vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), Aída Tarditti.
Los funcionarios fueron acusados por la Fiscalía General de la Provincia de encontrarse incursos en las causales de destitución por negligencia grave y mal desempeño.
En la última audiencia llevada a cabo este miércoles, el Ministerio Público Fiscal de la Provincia -representado por la fiscal General Adjunta, Bettina Croppi– valoró la prueba producida y expuso los fundamentos que, a su criterio, sustentaron el pedido de destitución.
A su turno, las defensas de los fiscales acusados formularon sus respectivos alegatos y solicitaron que se desestimara la acusación en contra de sus representados.
La resolución dispuso la destitución de los magistrados, medida que conlleva, asimismo, la inhabilitación absoluta para ejercer cargos en la Justicia provincial.
El fallo fue unánime.
Aunque el fallo es inapelable según la normativa vigente, las defensas de los ahora ex fiscales podrían recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). No obstante, la separación del cargo es efectiva desde este mismo momento.
Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo 20 de mayo.
