El ex titular del organismo fue el primero en presentarse en la nueva ronda de indagatorias. Lo sigue quien fue su segundo, Daniel María Garbellini.
Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), fue procesado sin prisión preventiva por asociación ilícita, defraudación y cohecho. La investigación se centra en una red de corrupción dentro del organismo, originada tras la filtración de audios donde se mencionaba un presunto esquema de retornos o “coimas” del 3%.
El exfuncionario y exabogado del presidente Javier Milei se presentó minutos antes de las 9 ante el fiscal Franco Picardi y funcionarios del Juzgado Federal N° 11.
A la salida, una hora más tarde, intentó sin éxito evitar a la prensa. Aunque guardó silencio ante las preguntas, se limitó a decir que esta “no es la única oportunidad” que tendrá para declarar.
Fiel con su estilo Mercedes Ninci logró incomodar el ex funcionario nacional removido de su cargo por una denuncia de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad que llegó a salpicar a la mismísima secretaria general de la Presidencia por el presunto cobro del 3% de esos retornos.
En el día de hoy era el turno de declarar del principal imputado, el extitular de Andis Diego Spagnuolo, pero en una estrategia poco entendible, salvo que no tenga un sólo argumento de defensa, el exfuncionario se negó a declarar.
Mercedes Ninci le preguntó directamente si había recibido plata de coimas y ante la evasiva respuesta insistió recordándole que había sido imputado por ese delito, a lo que Spagnuolo aseguró que estaban “dando las explicaciones” por lo que la periodista le tuvo que recordar que se acababa de negar a declarar.
La acusación principal es haber formado parte de una asociación ilícita dedicada a cometer ilícitos en detrimento de la administración pública. Esto se logró mediante la manipulación de procesos de contratación pública para la provisión de medicamentos e insumos PACBI del Programa Federal Incluir Salud, según dictaminó el fiscal Picardi junto a la PIA. Se habría simulado la competencia entre oferentes y se direccionaron adjudicaciones a empresas previamente seleccionadas, lo que resultó en beneficios económicos ilegales y la entrega de dádivas a funcionarios.
