El consumo de carne vacuna en Argentina comenzó el 2026 con una señal de alerta para el sector. Según el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), entre enero y marzo los argentinos consumieron un total de 512,8 mil toneladas de ese producto, lo que representa una caída del 10% frente al mismo periodo del año pasado.
El promedio de consumo de los últimos doce meses se ubicó en 47,3 kilos por año, el guarismo más bajo en más de 20 años. Este nivel implica una baja del 3,7% respecto al registro de marzo del año anterior. La tendencia descendente se profundiza si se considera que hace dos décadas los niveles de consumo superaban los 60 kilos por persona.
De la promesa en campaña electoral de bajar nominalmente el valor de la carne —en aquel entonces de 4.000 pesos el kilo a 2.800 pesos— ya no queda nada. Los precios subieron tanto que hoy se volvió un lujo inaccesible para millones de personas. Sólo en el último mes los precios aumentaron más de 10 % en los mostradores y el kilo de un corte promedio puede superar los 25.000 pesos.
En este escenario, la propuesta de un productor patagónico para vender carne de burro a $7.500 el kilo ganó terreno.
¿De dónde salió la idea de vender carne de burro?
En medio de la crecida del precio de la carne vacuna, el productor rural Julio Cittadini propuso comenzar a vender carne de burro con su emprendimiento de “Burros Patagones” y ya comenzó a realizar las primeras transacciones.
Desde Chubut, sostuvo que la carne de burro puede comercializarse con cortes similares a los de la vacuna y a un precio competitivo, en torno a los $ 7.500 por kilo. Sin embargo, más allá del planteo productivo, el foco se trasladó rápidamente al plano normativo como primera pregunta: ¿es legal vender carne de burro en la Argentina?
La experiencia, según reveló, cuenta con autorización del Ministerio de Producción de Chubut y cumple con todos los controles bromatológicos exigidos. No se trata de un mercado informal ni de una rareza clandestina, sino de un proyecto ganadero.
Según pudo averiguar El Destape en contacto con fuentes chubutenses, de acuerdo con la normativa vigente, la producción y comercialización de carne equina está contemplada en la Ley 24.525. Esta legislación promueve la actividad y establece las bases para su desarrollo, incluyendo aspectos sanitarios y de trazabilidad.
Dentro de esta categoría se incluyen los équidos —familia zoológica que abarca caballos, cebras y asnos—, por lo que, desde el punto de vista legal, el burro no queda excluido de este esquema. No obstante, la aplicación concreta de la normativa depende de una serie de controles y habilitaciones que varían según la jurisdicción.
