El fiscal pidió nuevas declaraciones indagatorias en la causa que investiga maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En base a nuevas datos surgidos de la investigación, el expediente apunta a que habrían desviado más de $75.000 millones de fondos públicos en favor de un reducido grupo empresarial, que debían destinarse a garantizar derechos básicos de personas con discapacidad.
Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron ampliar imputaciones, profundizar la investigación y dictar medidas cautelares. Entre los principales implicados se encuentra el extitular del organismo, Diego Spagnuolo, quien volvería a ser convocado a declarar tras la incorporación de nuevos hechos al expediente.
El juez Ariel Lijo quedó a cargo de la causa y deberá resolver sobre el pedido, que alcanza a 27 personas entre funcionarios y empresarios. La solicitud surge a partir de nuevos hallazgos que, según la fiscalía, amplían la dimensión del entramado investigado. También fue citado el empresario Miguel Ángel Calvete, señalado como una pieza clave dentro del esquema.
La causa está caratulada como “Denunciado: Milei, Javier y otros s/defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho, cohecho activo y negociaciones incompatibles” y Picardi estima que los hechos bajo su investigación van desde diciembre de 2023 hasta octubre del 2025.
Según fuentes de la fiscalía, “los funcionarios de la Andis habrían direccionado múltiples compras de insumos de alto costo -llamados PACBI- para que sus amigos y allegados resultaran adjudicatarios de las mencionadas sumas millonarias, a cambio de retornos y dádivas de diversa índole”.
La acusación sostiene que la estructura habría sido articulada desde el propio Estado por Spagnuolo y Daniel María Garbellini, en coordinación con empresarios como Calvete y Pablo Atchabahian. A ellos se sumaría una red de más de 20 empresarios que operaban mediante unas 30 firmas, configurando un circuito cerrado de adjudicaciones.
Según el expediente, entre los productos involucrados se incluyen prótesis, implantes cocleares, insumos quirúrgicos y sillas de ruedas motorizadas.
La hipótesis del fiscal sería que las compulsas de precios de esos insumos se direccionaban hacia personas jurídicas y funcionarios públicos coordinados entre sí. La sospecha es que desde la Andis de Spagnuolo se filtraba información sobre las fechas de las compulsas e, incluso, se habrían otorgado claves de usuarios del organismo para que los empresarios ingresaran por su cuenta al Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), el mecanismo diseñado para administrar las prestaciones PACBI.
Bajo ese enfoque, comentaron a LPO en Comodoro Py, esa repartición estatal funcionó como “una ventanilla” para conceder beneficios económicos a proveedores afines y ejecutar contrataciones “por fuera de los principios básicos de concurrencia, transparencia y control que rigen toda actividad estatal”.
Hasta el momento, 19 personas ya fueron procesadas, algunas de ellas señaladas como integrantes de una asociación ilícita. Pero más allá de las responsabilidades individuales, la causa vuelve a exponer un mecanismo estructural: la utilización del Estado para garantizar negocios privados a costa de recursos públicos destinados a sectores vulnerables.
