El Frente de Sindicatos Estatales resolvió llevar adelante un paro general y movilizar masivamente al Senado y advirtió con adelantar protestas en las provincias. Rodolfo Aguiar, titular de ATE, exigió un plan de lucha previo para «ponerle límites» al Gobierno y responsabilizó a los gobernadores que respalden el proyecto de reforma laboral de Milei.
En una extensa jornada de debate realizada en el Hotel Héctor Quagliaro, El Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, que impulsa la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), definió profundizar su plan de lucha contra la reforma laboral impulsada por la gestión de Javier Milei y confirmó la convocatoria a un paro general con movilización para la jornada en que el proyecto sea tratado en la Cámara de Senadores.
Rodolfo Aguiar, titular de ATE, señaló la urgencia de la medida, aunque aclaró que las medidas no deben quedar únicamente en una huelga: “Ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero, pero no puede ser una medida aislada. Tenemos que pensar en un plan de lucha que comience con anterioridad”, sostuvo el dirigente en el encuentro realizado en el Hotel Héctor Quagliaro.
El foco sobre los gobernadores y la Justicia Laboral
La estrategia del gremio no solo apunta al Congreso, sino que busca presionar a los mandatarios provinciales que mostraron sintonía con las negociaciones del Ejecutivo. ATE evalúa establecer un cronograma de protestas anticipadas para los primeros días de febrero en aquellos distritos cuyos gobernadores acompañen la iniciativa.
Aguiar cuestionó duramente las gestiones del Ministerio del Interior, a cargo de Diego Santilli, con las autoridades provinciales. Al respecto, afirmó que las recorridas del ministro demuestran que el Gobierno depende del aval de las provincias, y apuntó a los gobernadores como «principales responsables de avalar una legislación que nos retrotrae más de 100 años en materia de derechos».
Uno de los puntos de preocupación para el frente es el artículo 79 del proyecto, que pretende modificar la competencia judicial. La reforma busca que los conflictos laborales que involucren al Estado Nacional dejen de tramitarse en la Justicia Laboral y pasen a la órbita del fuero Contencioso Administrativo, lo que el sindicato interpreta como un debilitamiento de la protección legal del trabajador.
Impacto estructural en el Sector Público
A contramano de la narrativa oficial que sugiere que los cambios solo afectan al ámbito privado, ATE advierte que la reforma impactará de lleno en organismos estatales clave regidos por la Ley de Contrato de Trabajo. Entre las dependencias que se verían afectadas, el gremio enumeró: PAMI, ANSES, el Hospital Garrahan, Vialidad Nacional, Belgrano Cargas, Intercargo, la Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), la Dirección General Impositiva (DGI) y Aduana.
Además, denunciaron que las modificaciones en la figura del monotributo buscan legitimar el «fraude laboral» en los tres niveles del Estado (Nacional, provincial y municipal) al eliminar la presunción de vínculo laboral.
Unidad con gremios de la CGT y académicos
La reunión contó con una amplia representación que excedió los límites de ATE, sumando a gremios de la salud, justicia, energía, telecomunicaciones y docentes universitarios, además de contar con el asesoramiento de abogados laboralistas y académicos. Aguiar adelantó que este mandato de confrontación será llevado a la reunión que mantendrán mañana con sindicatos de la CGT en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
“Tenemos el deber de estar en la calle, de protestar. No podemos ser testigos pasivos de la vulneración de la constitución», concluyó Aguiar, enfatizando en la idea de que el movimiento obrero debe actuar en unidad como límite democrático a las políticas de flexibilización del Gobierno.
Fuente Mundo Gremial
