Se trata de Carlos Casares, quien se quejó del trato recibido en su carta de renuncia. Fue la quinta salida de funcionarios en 24 horas.
Carlos Casares se desempeñaba como interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
En su carta de dimisión, Casares expresó su sorpresa por no haber sido convocado para formar parte del directorio del futuro Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), que unificará al Enargas y al ENRE desde el 1° de marzo de 2026.
El ahora ex interventor había participado del concurso público para continuar en el nuevo esquema regulatorio, pero fue contundente al fundamentar su salida. En su escrito, dejó entrever que su permanencia ya no contaba con el respaldo político necesario, evidenciando un deterioro en el vínculo con la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía.
“Entiendo que no he satisfecho vuestras expectativas y/o no cuento ya con vuestra confianza. El Gobierno me considera prescindible”, escribió Casares al respecto en su carta pública de renuncia.
Presentaron también su renuncia, el secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, tomó la decisión por “motivos personales”, según la información oficial. También pegaron el portazo dos funcionarios de Trenes Argentinos. Otra dimisión de peso fue la del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, en medio de la interna por la implementación Ley de Inocencia Fiscal.
El primer funcionario en renunciar a su cargo fue el secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, por “motivos personales” según la información oficial. La renuncia se dio en medio de una serie de versiones sobre una disputa interna por la distribución de subsidios al sector del transporte automotor.
En el marco de una reestructuración del área, también renunciaron el presidente de Trenes Argentinos Operaciones, Gerardo Boschín, y el titular de Trenes Argentinos Infraestructura, Leonardo Comperatore.
Otra de las renuncias de peso fue la del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc. Un comunicado del Ministerio de Justicia informó que la decisión de Starc se dio por “razones personales”. En simultáneo, emergieron tensiones por la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal.
