Córdoba: Es ley el 82% para más de 60 mil jubilados de la provincia
Se trata de una propuesta que compatibiliza una iniciativa popular presentada por jubilados cordobeses y otros proyectos de ley que buscan la sostenibilidad del sistema previsional provincial.
Tras un intenso debate en comisión, este miércoles se aprobó, en la 23ª sesión ordinaria del 147° período legislativo de la Legislatura de Córdoba, un proyecto que atiende la crítica situación del sistema previsional en la provincia y declara su emergencia. Se trata de una propuesta que compatibiliza una iniciativa popular presentada por jubilados cordobeses y otros proyectos de ley que buscan la sostenibilidad del sistema previsional. Entre sus principales aspectos, propicia la restitución del 82 por ciento para más de 60 mil jubilados de la provincia.
Esta restitución parcial del 82% móvil para los jubilados que perciben los haberes más bajos. De acuerdo con la ley, se implementará un adicional mensual no remunerativo para compensar la deducción de aportes personales en el cálculo del haber, de manera que se alcance el 82% de la remuneración en alrededor de 60 mil jubilados, con haberes que rondan los $1.300.000.
La medida no implica una restitución plena y universal del 82% móvil histórico, sino que se focaliza en los jubilados con menores ingresos, dejando afuera a una gran parte de los pasivos de mayores haberes.
La ley también habilita al Ejecutivo provincial a aumentar las alícuotas de los aportes personales de los trabajadores activos en hasta un 8%, siguiendo escalas progresivas que afectarán principalmente a los sectores con mayores salarios, como los empleados judiciales, bancarios, de EPEC y municipales.
Luego de muchas horas de debate en el recinto, presidido por la vicegobernadora Myrian Prunotto y el debutante presidente provisorio Juan Manuel Llamosas, la Unicameral aprobó el expediente.
Tras introducir algunos cambios sugeridos por bloques opositores, el artículo 1 de la flamante normativa declara “la emergencia económica, financiera y administrativa del sistema previsional público provincial a los fines de resguardar la sustentabilidad económica y financiera del sistema, así como la sostenibilidad de los fondos previsionales, por el término de cinco años”. En caso de ser necesario, se podrá prorrogar la emergencia en forma automática por igual término, por única vez, salvo que el Ejecutivo disponga su cese anticipadamente.
Además, la nueva normativa dispone la suspensión de la aplicación del Fondo Solidario para Desequilibrios de la Caja de Jubilaciones mientras se encuentre vigente la emergencia previsional. A su vez, será facultad del Ejecutivo provincial “adecuar las alícuotas de aportes personales de los distintos sectores, en un porcentaje de hasta un ocho por ciento sobre las existentes“.
Por otra parte, define que “durante la vigencia de la presente ley se contemplará el pago a los titulares de beneficios previsionales de un adicional mensual de carácter no remunerativo, que compense la deducción del aporte personal del cálculo del haber previsional hasta el límite del 82 por ciento, a aplicarse conforme a las escalas y graduación que determine la reglamentación”.
Una de las novedades que introduce la nueva ley es que faculta al Ejecutivo provincial a “transferir la administración de los subsistemas previsionales de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros a las entidades gremiales que así lo requieran”.
Asimismo, establece que se instruya a senadores y diputados nacionales por Córdoba para que “impulsen la incorporación de las leyes que se traten en el Honorable Congreso de la Nación de las previsiones presupuestarias correspondientes tendientes al resguardo de los fondos necesarios para garantizar el debido cumplimiento del artículo 27 de la ley 27.660, leyes complementarias y modificatorias de la ley 11.051”. Es decir, que procuren lo necesario para que la Nación envíe los fondos de la Caja de Jubilaciones.
Iniciativa popular
La iniciativa popular es una herramienta de la democracia. A mediados de este año, se juntaron 38.800 firmas certificadas en comisarías de 180 municipios y comunas de Córdoba, que la Junta Electoral Provincial validó. De esta manera, y debido a que cumple con los requisitos legales exigidos, los ciudadanos la presentaron el 10 de diciembre a la Secretaría Legislativa de la Unicameral. Así, el proyecto tomó estado parlamentario y este martes se realizó la primera reunión para tratarlo.
El despacho aprobado en la Unicameral es fruto de una iniciativa popular presentada por los ciudadanos cordobeses María del Carmen Robbiati, Adriana Carranza, Amalia Piana, Alicia Monje, Zulema Biolatto, Gricelda Crespi y Darío Almada, en representación de miles de jubilados.
