Las universidades nacionales de Argentina recurren a la justicia para exigir que el gobierno nacional cumpla con la ley de financiamiento, que establece los fondos destinados a su funcionamiento. Los reclamos surgen ante la falta de actualización de fondos y otras medidas que afectan el presupuesto, como salarios congelados y obras paralizadas.
Motivo del reclamo
Las universidades buscan hacer cumplir la Ley de Financiamiento Educativo, argumentando que el gobierno no está acatando una ley aprobada por el Poder Legislativo.
Señalan que esta situación pone en riesgo el sistema universitario a través de salarios de hambre, becas congeladas y paralización de obras.
Además de recurrir a la justicia, las universidades se encuentran en medidas de fuerza y paros, y analizan definir en conjunto las acciones a seguir.
El Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), reunido de manera extraordinaria en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), acordó por unanimidad que las universidades públicas recurrirán a la justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795).
“40 años después del primer plenario del CIN, nos volvemos a encontrar en la UBA y esta vez para que las universidades tomen el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”, subrayó el presidente de este Consejo, Oscar Alpa, para resumir el acuerdo de la totalidad de las instituciones universitarias nacionales presentes en el plenario.
“Un decreto no puede suspender una ley”, completó el decano anfitrión, Leandro Vergara, asistente en representación de la UBA. “Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política”, agregó el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci.
El presidente de la nación había vetado la norma aprobada originalmente en agosto y el 2 de octubre la oposición logró ratificarla. Hoy la ley fue promulgada pero suspendida, cuestión que “viola de manera directa la división de poderes, mediante la invocación de fundamentos inválidos”, afirmó Vergara. “Hemos sido muy responsables y serios priorizando siempre los caminos institucionales para reclamar una respuesta y corresponde ahora recurrir a la justicia para garantizar el cumplimiento de la ley”, cerró Bartolacci.
Además de la acción judicial, las y los representantes de todas las universidades públicas resolvieron elevar al Congreso Nacional una solicitud para que se apruebe el presupuesto 2026 y que se contemple, como base presupuestaria, los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.
