Según estimaciones oficiales, la implementación plena de la norma demandaría $1,07 billones en 2025 y más de $2 billones en 2026, cifras que el Gobierno considera “inviables” sin una definición del Congreso sobre los recursos disponibles. La Procuración del Tesoro advirtió que aplicar la ley sin fondos específicos sería incompatible con el artículo 5° de la Ley 24.629, que regula la ejecución del gasto público, y podría generar “responsabilidad funcional” para los funcionarios que la implementen.
Tras los rechazos a los vetos y la ratificación de los proyectos originales, el Gobierno suspendió la aplicación hasta que el Congreso asigne fondos específicos en el presupuesto nacional, tal como sucedió con la Emergencia en Discapacidad.
Este martes, el Gobierno promulgó la Ley N° 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente, y la Ley N° 27.796, que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en saluden la República Argentina por un año. Sin embargo, la aplicación de ambas quedó suspendida hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional.
Hace un mes ocurrió lo mismo con la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El Ejecutivo recordó que el Congreso “omitió indicar de manera fehaciente” la forma de financiar las erogaciones que implican estas normas. El argumento replica lo expuesto en septiembre por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuando el oficialismo ya había advertido que la falta de partidas específicas impide aplicar leyes que generan nuevos compromisos fiscales.
Financiamiento universitario
La Ley 27.795, promulgada a través del Decreto 759/2025, establece un esquema de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente. También contempla recursos para becas estudiantiles, tecnología, investigación y formación académica, con la actualización de salarios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Emergencia pediátrica: foco en el Garrahan y hospitales infantiles
En tanto, el Decreto 760/2025 promulgó la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en las residencias nacionales de profesionales de la salud por un año. La norma busca garantizar el acceso equitativo a los servicios médicos para niños y niñas, fortalecer los hospitales pediátricos y recomponer los salarios del personal sanitario, además de ofrecer incentivos fiscales a quienes trabajen en áreas críticas.
El Hospital Garrahan fue designado como centro de referencia nacional de alta complejidad. El costo fiscal de la medida se estima en $196.270 millones, monto que el Ejecutivo considera difícil de afrontar dado el déficit de $102.400 millones que presenta actualmente el Ministerio de Salud.
El decreto advierte que aplicar la ley sin financiamiento concreto podría afectar programas esenciales, como la entrega de medicamentos a personas vulnerables o la prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. También señala que la norma incluye disposiciones que “invaden competencias del Poder Ejecutivo”, al intentar derogar resoluciones del Ministerio de Salud, lo que (según el Gobierno) vulneraría la división de poderes.
Con información de Ámbito.com
