Este lunes, tras el rechazo al veto de Javier Milei, el Gobierno promulgó la Ley 27.793, que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida quedó oficializada mediante el Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial. Sin embargo, como ya había adelantado hace una semana el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la ejecución de la ley quedó suspendida hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.
El Gobierno decidió postergar su aplicación hasta tanto el Congreso precise de dónde se obtendrán los fondos. De hecho, en el decreto mencionaron que el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera exige que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de recursos para su financiamiento. Además, esta decisión del Gobierno se enmarca en el artículo 5 de la Ley N° 24.629 de Normas Complementarias para la Ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional.
De acuerdo a los cálculos oficiales, la creación de una nueva pensión demandaría $2.166.985.900.000 durante 2025 (equivalente al 0,26 % del PBI) y un adicional de $4.706.628.500.000 en 2026 (0,47 % del PBI).
A ese monto se agregan los costos del Programa Incluir Salud, que otorga cobertura médica a beneficiarios de pensiones no contributivas, con $574.200.000.000 en 2025 (0,07 % del PBI) y $1.239.266.000.000 en 2026 (0,12 %). También se suman $278.323.000.000 (0,03 % del PBI) por la compensación extraordinaria a prestadores. En total, el gasto ascendería a $3.019.508.900.000, equivalente al 0,35 % del PBI.
