El Gobierno de Javier Milei profundizó su postura de ajuste fiscal y motosierra al vetar por completo la Ley de Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan, una decisión que se suma al rechazo total de la Ley de Financiamiento Universitario.
La ley por la declaración de emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales fue aprobada por el Senado hace dos semanas con 62 votos positivos y apenas ocho negativos.
La iniciativa se basó en la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, donde se declara el derecho a la salud integral garantizado por el Estado Nacional en condiciones de igualdad, continuidad, gratuidad y accesibilidad.
El texto aprobado prevé más fondos, una recomposición salarial y la derogación de la resolución 2109/2025, por la cual el Ministerio de Salud modificó el sistema de residencias médicas.
Al filo de cumplirse el plazo legal, el gobierno de Javier Milei oficializó el veto a la ley de Emergencia Pediátrica, una iniciativa sancionada en agosto que preveía la reasignación de fondos, una recomposición salarial y un aumento presupuestario a instituciones como el Hospital Garrahan. Esta decisión, que ya provocó el repudio de parte de la oposición y el anuncio de medidas de protesta y asambleas de los sectores afectados, se suma al veto a la Ley de Financiamiento Universitario publicado este miércoles. En medio de los cruces con las provincias, el Presidente también evalúa anular la ley de reparto de los Adelantos del Tesoro de la Nación (ATN).
Según el Gobierno, la norma tendrá un “impacto fiscal directo” de $115.030.000.000 por la recomposición salarial prevista.
Habla de que el proyecto “carece de un financiamiento genuino”, tiene una “redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad”, “profundiza distorsiones salariales, compromete programas esenciales, erosiona la coparticipación federal y pone en jaque la estabilidad presupuestaria de la Nación y de las provincias”.
