La Justicia Federal argentina frenó la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, filtrados por el canal Carnaval Stream por presunta “privacidad institucional”.
La medida fue pedida por el Gobierno tras denunciar una “operación de inteligencia ilegal”. Pero es ¿privacidad o mordaza?
El gobierno de Javier Milei salió a silenciar y perseguir periodistas para tapar el escándalo de las coimas en Discapacidad y la feroz interna libertaria que dio origen a los audios de la corrupción.
Censura previa. A través de dos denuncias, una penal y otra civil, el gobierno libertario pidió allanamientos a comunicadores y abogados con el insólito argumento de que se trata de un complot urdido por el kirchnerismo con influencia rusa, venezolana, boliviana y hasta de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
En las 20 páginas de la denuncia penal no se menciona a Diego Spagnuolo ni aparecen las palabras coimas o medicamentos para discapacitados con “el 3 por ciento para Karina”. Menos aún se menciona a los libertarios que evidentemente grabaron los audios, dado que unos se originaron en la Casa Rosada -lugar al que no tienen acceso ni kirchneristas ni rusos ni venezolanos ni bolivianos-. Tampoco figuran otros audios que provienen de un libertario al que Spagnuolo recurrió porque “los Menem y Karina se la llevan toda y yo pongo la firma”.
El juez civil Alejandro Maraniello enseguida le dio curso a una cautelar poniéndole cepo a los audios y prohibiendo su difusión. Maraniello tiene ocho denuncias, cinco de ellas por acoso y abuso sexual, y parece querer congraciarse con los Milei porque está acusado en el Consejo de la Magistratura y también en un expediente que tramita la jueza María Servini.
El fallo contra los audios de Karina Milei choca frontalmente con el artículo 14 de la Constitución (publicar ideas sin antes pasar por el tamiz judicial), el artículo 32 (que impide al Congreso cercenar la libertad de imprenta), y el artículo 75, inciso 22, que le da jerarquía constitucional al Pacto de San José. La Corte Interamericana dejó clarísimo: la censura previa es incompatible con el derecho a expresarse y a ser informado.
Los audios en cuestión no contienen delitos ni conspiraciones: hablan de la interna libertaria y no de un plan criminal en Andis. No hay “peligro real e inminente” ni daño irreparable, requisitos constitucionales para prohibiciones válidas. Y la Corte Suprema, en Editorial Perfil S.A. (2011), ya revocó otra orden de similar calado, subrayando que el interés público prima sobre la privacidad de figuras públicas (Fallos 334:1176).
En medio de la crisis política que desató la causa de las coimas, el gobierno salió a perseguir.
En primer lugar, se pide el allanamiento de los periodistas que difundieron las grabaciones, Mauro Federico y Jorge Rial. Como buena parte de los audios se difundieron en el canal de streaming Carnaval, Bullrich reclama que se allanen los estudios y también el domicilio del dueño, Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, “mano derecha de Claudio Tapia, opositor declarado del gobierno nacional”, dice el texto. El siguiente eslabón de la cadena está formulado así: “otro engranaje de esta maniobra golpista sería Franco Bindi, abogado ligado a agentes inorgánicos de inteligencia y pareja de la diputada Marcela Pagano, quien desde hace meses conspira para boicotear el espacio político que le permitió acceder a su banca”. O sea, Bindi, por su vínculo con Pagano.
Pero el hilo de la denuncia parece delirante. Sostiene que en junio se descubrió un grupo de residentes rusos, encabezado por un tal Lev Konstantinovich Andriashvilli, “que estaría realizando acciones en función de los intereses geopolíticos de Rusia para influenciar a la población. El grupo, denominado La Compañía, desarrolla campañas de desinformación. Los hechos denunciados en el presente escrito (o sea la difusión de los audios sobre Discapacidad) revisten marcada similitud con las actividades desplegadas por el grupo ruso y podrían ser parte de una operación a largo plazo”. Y, siguiendo con el razonamiento, Bullrich dice que los rusos ya intervinieron en las elecciones de Rumania, en Polonia y en Francia, en 2017, hace ocho años, lo que la hace sospechar de que las grabaciones tendrían ese origen y el objetivo de influir en las elecciones de 2025. No se presenta una prueba, un indicio, nada.
Al mismo tiempo, el texto del Ministerio de Seguridad señala que Bindi fue abogado de la petrolera venezolana PDVESA y que habría albergado a Evo Morales cuando estuvo exiliado en la Argentina. Esos elementos le dieron pie a la ministra para hacer el vínculo completo: los audios son una trama de rusos, venezolanos, bolivianos, con el agregado de cubanos y nicaragüenses (así figura en la denuncia) y, como no podría ser de otra manera, kirchneristas.
En las 20 páginas no se menciona lo relevante: la compra de medicamentos, las coimas, el dinero que iría a manos de Karina Milei, algo de lo que ya hablaron el artista Juan Carlos Pallarols –“me quisieron cobrar 2.000 dólares de peaje”-; los expertos en cryptomonedas –“pedían plata para reunirnos con el presidente”-, el socio en la estafa de Libra, Hayden Davis –“yo le pago a Karina y hago lo que quiero con Milei”- y hasta quienes integraron LLA y dicen que se vendieron las candidaturas.
Pese a la censura, en la noche del lunes se conoció que los audios serán difundios… en Uruguay. Un periodista uruguayo, Eduardo Preve, de radio M24, anunció que este martes difundirá más grabaciones del “Audiogate” pese a la prohibición judicial dictada en Argentina.
Con información de NA y Página 12
