Tras la decisión del Gobierno de vetar la ley de emergencia en discapacidad, agrupaciones que nuclean a personas discapacitadas convocaron a una movilización al Congreso de la Nación para rechazar la medida que firmó el presidente Javier Milei.
La convocatoria es este martes a las 11:30 en la Plaza de los dos Congresos, con réplicas previstas en plazas centrales de todo el país. Los organizadores difundieron el llamado a través de redes sociales y comunicados, invitando a la sociedad a sumarse a la protesta.
En Córdoba capital, comenzará en la plaza San Martín, a las 12. En Cosquín, se reunirán en la plaza San Martin a las 10.30. En Río Cuarto, será en plaza central a las 12.
La “Emergencia en Discapacidad” aprobada en el Congreso con amplia mayoría abarca “múltiples realidades” y mejora las pensiones, los salarios y el presupuesto de los centros que brindan un acompañamiento integral.
El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió un comunicado en el que rechaza enérgicamente el veto presidencial.
Desde la entidad preguntaron: “Presidente, ¿cómo se sobrevive sin trabajo ni ingresos? ¿Cómo se transita una vida digna sin los apoyos necesarios? ¿Cómo se responde desde el Estado a quienes dependen de estos dispositivos para vivir?” El documento sostiene: “Un veto total no es austeridad: es abandono. Es elegir excluir. Gobernar implica asumir responsabilidades con todos los sectores y no dejar en el olvido a quienes más lo necesitan”.
Según el Foro, la emergencia en el área de discapacidad afecta a diversasde realidades. Describen que hay personas empleadas en talleres protegidos que actualmente perciben 28.000 pesos mensuales como ingreso. A su vez, resaltan que muchas personas aún esperan acceder a una pensión para contar con ingresos básicos y apoyos que les permitan condiciones de vida dignas. El comunicado advierte que también están en riesgo los servicios de acompañamiento integral y que numerosos prestadores enfrentan dificultades económicas que podrían llevarlos al cierre, dado que los aranceles no cubren costos esenciales de funcionamiento.
Además, representantes de diferentes organizaciones remarcaron que la situación de precariedad y desfinanciamiento incrementa la vulnerabilidad del colectivo, señalando que la emergencia abarca ámbitos laborales, sociales y sanitarios. Insisten en que la ausencia de respuestas estatales profundas agudiza las dificultades cotidianas para miles de familias en todo el país.
