Se trata del organismo que se encarga del mantenimiento de los más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales con más de 5.000 trabajadores en todo el país.
El Gobierno dispuso este lunes el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial. Adorni sostuvo que “la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el presidente”.
La Dirección Nacional de Vialidad dependía del Poder Ejecutivo y estaba a cargo, entre otras cosas, de la realización de rutas.
Tras esa exposición de argumentos, el vocero comunicó la medida. “El presidente Javier Milei, a través de un decreto que se va a publicar mañana, ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, y dos organismos más, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vila”, indicó Adorni.
Y continuó: “La CNRT que pasará a denominarse Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte y será la autoridad de aplicación en lo que refiere a normas relacionadas a la fiscalización de concesiones viales”.
“El Gobierno dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de rutas que tras décadas de despilfarro y corrupción se vieron degradadas”.
“Es un acta de defunción a la corrupción de la Obra Pública y la firmó el presidente de la Nación”, destacó Adorni.
Adorni también destacó el uso de las facultades delegadas que tuvo Milei y vencen mañana: “Decían que aprobar las facultades delegadas era ilegal, darle superpoderes a un gobierno reaccionario, que se vendía el país, armaron una tendencia en X. La realidad es que el gobierno de Milei es de los pocos desde la vuelta de la democracia que no solicitó ni decretó una prórroga a las facultades delegadas, como lo hizo el kirchnerismo hasta el fin de su mandato. Hoy se horrorizan frente a un gobierno que las necesita para reparar el daño que ellos causaron”.
“Son los mismos que miraron para el costado cuando Alberto Fernández declaraba la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que declaraba la emergencia pública y otorgaba poderes especiales al Ejecutivo, entre la creación de impuestos como el Impuesto PAIS”, añadió.
Cierre de Vialidad: la denuncia de los gremios
Según denunciaron los gremios, el cierre de la Vialidad Nacional implicaría el despido de más de 5.500 trabajadores y al menos 118 rutas nacionales a la deriva con más de 40 mil kilómetros que quedarán sin mantenimiento ni cobertura. Los conflictos y reclamos por la paralización de Vialidad Nacional se dan desde el inicio de la gestión Milei.
Incluso desde las gobernaciones le pidieron a Vialidad Nacional que entregue las rutas nacionales con concesiones cerradas y arreglos terminados, pero nunca se llegó a un acuerdo con Nación. De hecho, fueron dos los gobernadores que llevaron a la dirección nacional a la Justicia federal: Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Alberto Weretilneck, de Río Negro.
