Javier Milei presentó nuevas denuncias penales contra al menos cinco periodistas por los delitos de injurias, calumnias y “falsa imputación”. La medida profundiza la estrategia de judicialización de la crítica periodística que el gobierno ya había mostrado. La Federación Internacional de Periodistas se solidariza con el gremio de prensa argentino y repudia la utilización del sistema judicial como herramienta de amedrentamiento y configura un cercenamiento de hecho de las garantías constitucionales que protegen la libertad de expresión.
En las últimas horas, presentó denuncias por calumnias e injurias contra Jorge Rial, Fabián Doman,Mauro Federico y Nicolás Lantos , en una ofensiva legal que se suma a otras ya desestimadas por los tribunales. El martes 1 de julio, denució a la periodista Julia Mengolini. En total van 5 periodistas denunciados desde que comenzó julio.
Hace apenas un mes, la Justicia Federal rechazó una denuncia similar presentada por el mandatario contra Ari Lijalad y Carlos Pagni.
Distintas voces del derecho alertaron sobre estas maniobras. Cabe recordar que, desde la reforma del Código Penal de 2009, los delitos de calumnias e injurias no aplican en asuntos de interés público, lo que pone en duda la validez de estas denuncias desde el inicio.
Además, organismos de prensa y defensores de derechos humanos señalaron que este tipo de acciones podrían constituir una forma de amedrentamiento hacia quienes informan o critican al poder.
Algunas de las denuncias
El martes primero de julio, Milei denunció a la periodista Julia Mengolini por supuesta difamación al analizar el vínculo entre el presidente y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.
Apenas un día después, el mandatario presentó nuevas demandas contra los conductores y periodistas Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico y Nicolás Lantos, también vinculadas a opiniones y comentarios periodísticos y enmarcadas en el delito de calumnias, injurias y falsa imputación.
Hace apenas dos meses, Milei había denunciado a los periodistas Carlos Pagni, Ari Lijalad y Viviana Canosa, aunque esas causas fueron rechazadas por la Justicia. Los fallos argumentaron que la libertad de expresión protege las opiniones e informaciones sobre funcionarios y figuras públicas, especialmente cuando se abordan temas de interés colectivo. Desde la reforma del Código Penal en 2009, los delitos de calumnias e injurias pueden considerarse no punibles cuando se vinculan con asuntos de relevancia pública.
En igual sentido, a comienzos de la gestión Milei, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, denunció penalmente a lxs colegas Nancy Pazos y Darío Villarruel por opiniones en el marco de su trabajo periodístico.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires, filial de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, se expresó sobre esta nueva ofensiva y planteó: “Los ataques oficiales sobre la prensa se agravan a diario”.
“Estos ataques que se han vuelto sistemáticos desde diciembre de 2023 con agravios, amenazas, represión y criminalización, recortan la libertad de expresión y el derecho a la información. Buscan amedrentar y silenciar”.
La Federación Internacional de Periodistas se solidariza con el gremio de prensa argentino y repudia la utilización del sistema judicial como herramienta de amedrentamiento. La permanente agresividad estatal contra la prensa Argentina configura un cercenamiento de hecho de las garantías constitucionales que protegen la libertad de expresión. Su impacto socava los cimientos mismos de la institucionalidad democrática.
