El gobierno nacional autorizó a los militares a detener civiles que hayan cometido delitos de flagrancia. La medida fue anunciada por el ministro de Defensa, Luis Petri, a través de una serie de posteos en los que llamativamente salió a defenderse sin ser atacado, y cuestionar a todo aquel que pudiera poner en tela de juicio esa disposición.
Según confirmó Luis Petri a través de un posteo “Sí, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de que lado van a estar”, expresó en su cuenta de X.
Además, dijo: “La ley autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar el control de fronteras. La posibilidad de detención en flagrancias está prevista en todos los Códigos procesales de las provincias y la nación”.
Y agregó: “Sólo el sesgo ideológico canceló y maniató a nuestras fuerzas. Todos los países limítrofes con Argentina usan a sus fuerzas armadas para el control y vigilancia de sus fronteras, EEUU lo acaba de anunciar en enero, por que acá algunos se escandalizan?”, sentenció.
El objetivo de esta medida es “restringir el uso de la fuerza a acciones que el personal militar deba desarrollar circunscribiéndolo a su defensa y a la de terceros en caso de agresiones inminentes que pongan en riesgo la vida, la integridad física o del cumplimiento del deber”, según reza la resolución.
Por otra parte, no está permitido “el uso de armas en contra de vehículos o personas sospechosas que huyan o traten de huir de un puesto de control, acceso a instalaciones, recintos, destacamento, aun existiendo sospechas fundadas de un acto ilícito”.
Estos anuncios de Pretri fueron cuestionados ya que señalan que son contrarios a las disposiciones de las leyes de Defensa y de Seguridad Interior. Tal es el caso de Agustín Rossi, ex Ministro de Defensa, que señaló “La medida no es controversial, es ILEGAL”, remarcó y sostuvo que esas tareas que ahora se le asignarán al personal militar “van en sentido contrario” de las leyes de Defensa y de Seguridad Interior. Y advirtió advirtió que “el personal militar que acate estas órdenes (de detener civiles) está absolutamente desprotegido legalmente” porque se trata de “tareas que corresponden a las fuerzas de seguridad y que están taxativamente prohibidas por las leyes vigentes”
