La situación en la provincia de Córdoba, con distintos focos de incendios, la sequía reinante es de extrema gravedad. Personas que lo han perdido todo. Casas quemadas, evacuados y la continuidad de las llamas que no cesan y se extienden por las serranías y poblados, hacen que desde distintos sectores y cada vez con más fuerza, crezca el pedido para que se declare el estado de EMERGENCIA NACIONAL.
Las redes sociales y medios alternativos están invadidos con esta solicitud.
Por medio de su cuenta deTwitter, Natalia De la Sota, Diputada Nacional por Córdoba, denunció lo que considera un “retroceso” en las políticas del gobierno nacional respecto al cuidado del medio ambiente. En su publicación, fue clara al afirmar que el incendio es una tragedia ecológica que no solo afecta a la provincia mediterránea, sino que también es una amenaza para todo el país.
“Un Estado nacional que retrocede mientras el fuego avanza en Córdoba. Vivimos en la Provincia una tragedia ecológica sin precedentes mientras se destinan menos fondos al cuidado del ambiente. Apagar incendios no es prioridad para un gobierno ausente. Emergencia nacional ya”, expresó en su tuit.
Por su parte, la diputada nacional por Córdoba de Unión por la Patria, Gabriela Estévez aseguró que ante “la alarmante situación de los incendios forestales que azotan a nuestra provincia”, las decisiones políticas del Gobierno nacional “generaron que el cuadro de situación revista esta gravedad”.
En tanto, el Legislador por el Departamento Punilla, Walter Gispert, presentó en la Legislatura de la Provincia de Córdoba un proyecto de resolución solicitando al Gobierno Nacional que declare la Emergencia Nacional debido a la catástrofe ambiental generada por los incendios forestales en la provincia.
El proyecto solicita al Gobierno Nacional activar los mecanismos establecidos en la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, particularmente el artículo 27 inciso “c”, que establece la responsabilidad concurrente de las provincias y la Nación en situaciones de emergencia. También solicita que se articulen los fondos del artículo 30 de la misma ley para asistir a las familias afectadas, en colaboración con el gobierno provincial.
“El daño es inmenso y la situación ya ha superado las capacidades locales y provinciales. Es imprescindible la actuación de todos los estamentos gubernamentales para proteger el medio ambiente y garantizar la seguridad de la población”, afirmó Gispert.
