Aparentemente desde las 10 horas se debatirá la “Ley Bases” en el Senado de la Nación Argentina.
Puede pasar cualquier cosa. Puede haber sesión o puede caerse. Puede haber aprobación en general o puede haber un rechazo definitivo. Pueden hacerse modificaciones en más de cuarenta artículos. Esas modificaciones pueden o no tener dos tercios de los votos. El gobierno puede volver a retirar el proyecto si todo se escapa de cauce. La ley de bases está fuera de control y en las horas previas a la sesión nadie se anima a hacer pronósticos. Algo parece claro en medio de tanta incertidumbre: lo que se pone en juego hoy en el Senado es mucho más que un proyecto de ley. Es uno de esos días que dejan secuelas duraderas.
Los artículos más resistidos
Dentro de la multiplicidad de artículos que incluyen los proyectos del Gobierno, hay un grupo que es fuertemente resistido entre los senadores y de manera transversal en casi todas las bancadas.
La lista arranca con las facultades delegadas que el Congreso le dará al Ejecutivo a partir de declarar “la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año”. Una serie de poderes especiales, que muchos senadores reniegan de concederle a un Presidente que dijo amar su condición de topo para “destruir el Estado desde adentro”.
A los 34 senadores que adelantaron el rechazo a las facultades delegadas, se sumaría el radical fueguino Pablo Blanco quien también se pronunció por su rechazo cuando firmó en disidencia el dictamen del oficialismo. Si la dupla santacruceña vota en contra, el artículo se cae. Lo mismo sucedería si se suma algún otro voto radical.
El Registro de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) suma objeciones de diferentes bancadas, frente al saqueo de los recursos naturales y los beneficios tributarios que recibirán los inversores por 30 años sin tener obligación de aportar dólares a las arcas del Estado. En el oficialismo confiaban que los cambios que aumentaron las regalías en la industria minera e hidrocarburífera a las provincias, vencería la resistencia. Pero la postura de los santacruceños lo desmiente, así como la desconfianza de los dialoguistas sobre la garantía de respetar esas modificaciones.
El blanqueo de capitales, sin necesidad de respaldar la trazabilidad del dinero y que abre las puertas al narcotráfico, también suma cuestionamientos.
La resistencia que generan las privatizaciones de Aerolíneas y Correo Argentino, obligó al Gobierno a sacarlos de la lista de las empresas del Estado que la Casa Rosada quiere poner a la venta (Energía Argentina SA, Radio y Televisión Argentina SE, Intercargo SAU; y a privatización/concesión a Agua y Saneamientos Argentinos SA, Belgrano Cargas y Logística SA, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales SA). Pero todavía no mostró la corrección, porque temen que una redacción dificultosa complique al oficialismo el volver a incorporarlas cuando Diputados insista en su media sanción.
Dentro del paquete Fiscal, la reimplantación de Ganancias tampoco tiene los votos garantizados. Para intentarlo, el Gobierno aumentó un 22 por ciento las alícuotas para las provincias patagónicas, las que más resistencia ofrecían porque perjudicaba especialmente a los trabajadores petroleros aunque tampoco los conformó. La propuesta generó molestar en el resto de las provincias, pero fundamentalmente porque los ingresos coparticipables que volverían a percibir por Ganancias lo perderían con la rebaja de Bienes Personales que el mismo paquete otorga a las personas más ricas del país.
Distinto es lo que sucede con la reforma laboral, que a pesar del rechazo que genera en la oposición más dura, cuenta con apoyo de la UCR, cuyos diputados la introdujeron al proyecto del Gobierno.
Con información de Página 12 y El Destape Web
