Fue por decisión unánime que se rechazó la apelación del ministerio de Sandra Pettovello. La resolución de Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico cuestionó la conducta de Juan Grabois y la funcionaria Leila Gianni en los pasillos de Comodoro Py.
La Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal decidió por unanimidad ratificar la medida dispuesta por Sebastián Casanello que encomendó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, a elaborar el plan para la entrega de las cinco mil toneladas de alimentos y su entrega de forma “inmediata”. La comida, se supo a través de un pedido de informes realizados por El Destape, se encuentra en dos galpones ubicados en Villa Martelli, en el norte del conurbano bonaerense; y en Tafí Viejo, en Tucumán.
El fallo de 38 páginas y firmado por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Guillermo Farah y Roberto José Boico, critica duramente los fundamentos plasmados por la representante legal del Ministerio, Leila Gianni. Allí, expresamente, los magistrados acordaron dar el visto bueno al juez federal, Casanello y dispusieron: “Encomendar al Ministerio de Capital Humano a que, en el marco de sus competencias y de las obligaciones antes descritas, elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas”.
A partir de la investigación, el dirigente social, Juan Grabois, se presentó ante la Justicia y denunció la situación, lo que permitió saber que en los galpones hay: yerba mate, leche en polvo, puré de tomate, garbanzos, harinas de trigo y maíz, locro y arroz con carne, entre otros, muchos a punto de vencer con fecha de julio. Pese a ello, el Ministerio de Capital Humano decidió apelar la resolución de Casanello, con Gianni a la cabeza. Entre los distintos puntos, la secretaria legal y técnica de la cartera nacional había planteado que la decisión de entregar los alimentos “es una decisión política del Gobierno, por lo tanto no es judiciable”, cuestionó al juez y sostuvo que “la mayoría” de los paquetes son de yerba mate, por lo que no se está afectando la disputa jurídica que hay en esta causa”, es decir, la cuestión humanitaria.
Ante estos hechos, los jueces Irurzun, Farah y Boico, al momento de tomar su decisión hicieron una larga descripción de los hechos en orden cronológico, en los que incluyeron la cita que mantuvieron Grabois y Gianni este martes en la Cámara Federal: en ese punto, los camaristas dispusieron, por mayoría, que se libren oficios “con copia del presente pronunciamiento al Colegio Público de Abogados de esta ciudad y al Ministerio de Capital Humano de la Nación” para que “en el marco de sus respectivas competencias disciplinarias, evalúen las conductas desplegadas por Grabois y Gianni en la audiencia celebrada ante esta Sala”.
En tanto, en su cronología de los antecedentes mencionaron: la nota periodística que reveló la retención de alimentos, la denuncia de Grabois, la apelación de Gianni en defensa del Ministerio, la presentación de la Fiscalía ante Casanello, la decisión del juez federal, la orden de allanamiento a los galpones y el acuerdo que informó Capital Humano con la Fundación CONIN para coordinar la distribución y la “utilización de los alimentos”.
Irurzun: sobre los derechos humanos de las personas
Sobre estos antecedentes expusieron sus argumentos. Irurzun, para el caso, criticó el accionar de Gianni y los planteos que realizó ante la Cámara: “No es ésta la oportunidad para discutir la existencia o no del hecho ilícito, sino si lo decidido por el juez es proporcional y razonable”, sostuvo. También, a diferencia de lo planteado por la abogada, que “no puede sostenerse que estamos en presencia de una intromisión indebida de la Justicia”, ya que -explicó- “no están en discusión las políticas de Estado en materia de seguridad alimentaria, sino la lisa y llanamente, si existió una ilícita actuación de funcionarios públicos que agravó aún más la situación catastrófica en la que se encuentra un importante grupo de personas que no tienen sus derechos humanos básicos cubiertos”.
En tanto, apoyó la decision de Casanello, en vistas de que se sabe que aún existen alimentos “cuya caducidad se encuentra próxima”.
No dejó de mencionar, además, la audiencia entre Grabois y Gianni a la que calatgó de una “inmadura discusión” entre dos personas que “utilizaron la ocasión” para “exponer sus diferencias personales”.
Farah una decisión para la población
En el comienzo de su argumentación Farah hizo énfasis en la necesidad de utilizar un “lenguaje llano, claro y entendible para la población, legítima destinataria del fallo”, por lo que decidió dejar de lado las expresiones técnicas.Tras retomar el órden cronológico de los hechos, también, se ocupó de defenestrar los planteos hechos por Gianni respecto a la supuesta intromisión de la Justicia como al hecho de que supuestamente sólo fueran paquetes de yerba mate lo que no se estaba entregando.
Farah, además, marcó que amerita la intervención de la Justicia ante las acusaciones cruzadas entre el Ministerio sobre dirigentes sociales -a quienes desde el Gobierno llaman “gerentes de la pobreza”- y desde los dirigentes sociales sobre la retención de alimentos por parte del Gobierno; y apoyó a Casanello en su decisión que está basada de tratados internacionales con jerarquía constitucional en nuestro país ante una situación de “pobreza de alcances significativos y por haberse demostrado la existencia de numerosos alimentos adquiridos y almacenados para ser destinados a paliar aquella situación”.
“Mi respuesta es, enfáticamente, negativa”, escribió Fara sobre la protesta realizada por el Ministerio de Capital Humano, que consideró que se está ante una “cuestión política no judiciable”.
Fuente El Destape Web
