El Concejal Carlos Quaranta (CPI) presentó un proyecto para que el cuerpo legislativo repudie las expresiones negacionistas de la Diputada Nacional Victoria Villarroel (LLA)
EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ
DECLARA
Su repudio a las expresiones negacionacionistas respecto del genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, vertidas en un acto convocado el pasado 4 de septiembre por la Diputada Nacional Victoria Villarroel en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
FUNDAMENTOS
Este año se cumplen 40 años desde la recuperación de la democracia en nuestro país, luego de la dictadura cívico-militar más terrorífica que asoló a la Argentina. Durante el período 1976-1983, e incluso ya durante 1975, las Fuerzas Armadas, la Policía Federal, Policías provinciales y civiles que colaboraron con el régimen dictatorial, llevaron adelante un plan sistemático de represión ilegal y clandestina que implicó el secuestro y desaparición de personas, la tortura en los denominados Centros Clandestinos de Detención, el robo de propiedades y pertenencias de las personas secuestradas y la apropiación de bebés para ser entregados a familias de militares o abandonados en Casas Cunas.
Vale la pena una vez más recordar estos hechos ya conocidos, debido a las recientes expresiones que niegan que los mencionados actos fueran parte de un plan sistemático y que solo se trataron de “efectos indeseados” de una “guerra sucia”. Como es de público conocimiento, la Diputada Nacional por el partido La Libertad Avanza Victoria Villarruel, Presidenta Honoraria del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), llevó adelante un acto en “Homenaje a las Víctimas del Terrorismo” el pasado 04 de septiembre en el Salón Dorado de Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, revitalizando expresiones y conceptos que pretenden confundir a la ciudadanía respecto de los hechos acontecidos durante ese período ominoso de nuestra historia.
Es importante aclarar todas las veces que sea necesario que la denominación Terrorismo de Estado acuñada por Eduardo Luis Duhalde, no es un concepto arbitrario dado que encuentra su fundamento, entre otros, en el derecho internacional, en particular en el denominado Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que con posterioridad confirmó esta interpretación de los hechos acontecidos en nuestro país. Por ello, las expresiones y los actos antes señalados tienen el objetivo de generar confusión, poner nuevamente en discusión los consensos democráticos, así como negar y justificar los delitos de lesa humanidad cometidos sistemáticamente durante la última dictadura cívico-militar.
Los actos y las expresiones públicas llevados a cabo por la diputada Villarruel y los sectores sociales y políticos que la acompañan, pretenden volver a instalar la denominada Teoría de los dos demonios, que erroneamente intentó poner en un plano equivalente los actos de terrorismo emprendidos por el Estado y los actos de violencia y delitos cometidos por las organizaciones armadas. Aún reconociendo el dolor de las familias que perdieron a seres queridos por los delitos cometidos por las organizaciones armadas, pretender establecer una equivalencia es, cuando menos, un acto de justificación moral y política de los delitos de lesa humanidad. Más aún, cuando 40 años después de haber finalizado la dictadura, sigue la búsqueda de bebés apropiados y restos de personas detenidas-desaparecidas a las que sus familiares no han tenido la oportunidad de dar sepultura y despedir sus restos.
En este sentido, son hechos ya probados y juzgados por la Justicia de nuestro país, la responsabilidad que tuvieron en la comisión de delitos de lesa humanidad, es decir, delitos que no prescriben y que fueron cometidos por medio de una planificación sistemática de secuestros y desaparición de personas, aquellos que formaron parte del Estado Terrorista. Por lo tanto, querer minimizar o directamente negar estos hechos es abrir la puerta a la legitimación política de actos de represión ilegal y desaparición forzada de personas que ya no tienen lugar en nuestra Patria.
A 40 años de haber recuperado la democracia, afirmamos el compromiso con la profundización del sistema democrático como procedimiento para resolver conflictos, del diálogo como forma pacífica de llegar a acuerdos o plantear desacuerdos y de la democracia como un ideal de vida, que solo puede ser construída sobre la base de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
