El Tribunal Superior de Justicia admitió formalmente las acciones que promovieron ADARSA ONG, la Asamblea Vecinos del Chavascate y el Foro Ambiental Traslasierra con el fin de que se declare inconstitucional la reforma legislativa de la Ley de Políticas Ambientales (N° 10.208), concretada el 9 de septiembre del año pasado por medio de la Ley N° 10,830, informó ADARSA (Asociación Amigos del Río San Antonio)
La flexibilización de las condiciones para la instalación de determinados proyectos ambientales y la supresión de la Evaluación de Impacto Ambiental fueron algunos de los fundamentos esgrimidos para pedir la inconstitucionalidad de las modificaciones a la ley de ambiente provincial.
Las nuevas normas, además de violar el principio de progresividad, omitían toda instancia de participación ciudadana en el debate previo.
