La audiencia que se desarrolló este miércoles en la delegación Villa Carlos Paz del ministerio de Trabajo de la provincia no arrojó resultados positivos y el conflicto por el pretendido traspaso del servicio de agua a la órbita municipal entra en extrema tensión.
Es que el gobierno que lidera el intendente Daniel Gómez Gesteira, ‘patrocinado’ políticamente por el actual writing essay services presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, se mantiene firme en su posición inicial y pretende incorporar solo entre 50 y 60 trabajadores de la COOPI.
Desde el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (Sipos) han entregado una lista con 170 trabajadores que se desempeñan en el servicio de agua, entre técnicos, administrativos, etc.
‘O todos o ninguno’, es la consigna del Sipos que resuena a manera de advertencia.
En cuanto al 26 de febrero, fecha pautada por el municipio para formalizar el traspaso del servicio, está firme la resolución de la Cámara Contencioso Administrativa de 2° Nominación que hizo lugar ‘parcialmente y de manera excepcionalísima’ a un amparo pedido por vecinos asociados de la COOPI (algunos de ellos también son trabajadores de la institución).
En este marco se ordenó al municipio que ‘suspenda la ejecución de todo acto que sea ejecutorio tanto del Decreto N° 534/2020 como de la Resolución N° 039/2020 de la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental, inclusive la recepción provisoria del servicio del día 26/02/2021, y todo otro dictado en su consecuencia, hasta tanto tenga lugar efectivamente la audiencia convocada y notificada a las partes para el día 01/03/2020 a las 11:00 horas’.
Como respuesta el gobierno de CPU difundió este miércoles que la justicia había desestimado otra presentación realizada por la COOPI para suspender los plazos del decreto. Pero se trata de una acción judicial independiente que, incluso, se tramita en una cámara diferente, y que ni siquiera está firme porque aún se puede apelar.
Pero esto le sirvió a la Gestión Comunitaria para intentar instalar, al menos desde algunos medios, que la fecha del 26 cuenta con aval judicial y que, efectivamente, ese día se formalizará el despojo a la COOPI del servicio de agua.
En este marco, y fiel a una fuerte tradición represiva, diferentes fuentes señalan que Gómez Gesteira y Avilés habrían pedido al gobierno provincial el envío de efectivos del Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (ETER) para ‘garantizar’ la toma del servicio por la fuerza si los trabajadores oponen resistencia.
Por otro lado trascendió un fuerte malestar para con las autoridades municipales, entendiendo que el ministerio de Trabajo jugó una carta muy importante a través del laudo arbitral para resolver la absorción de los trabajadores sin romper la paz social, pero el gobierno de Gómez Gesteira decidió desconocer los alcances y mantener la postura intransigente de tomar solo cerca de medio centenar.
‘O todos o ninguno’, avisan desde el Sipos.
Represión, pide Gómez Gesteira.
FUENTE LA JORNADA WEB
