En la sesión de este jueves en el Senado se debatirán temas de enorme interés común, como DESALOJOS EXPRÉS, MANEJO DEL FUEGO Y EXPROPIACIONES. La enorme presión a la propuesta del gobierno de Milei de permitir la extranjerización de la tierra prácticamente obligó al oficialismo a retirar el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales. Por lo tanto no se tratará en el Senado el punto de la extranjerización de la tierra, pero si los otros arriba mencionados. MANEJO DEL FUEGO La ley vigente plantea que ante incendios en bosques, áreas naturales protegidas y humedales, luego de su extinción del incendio no se puede cambiar el uso del suelo por un plazo de 60 años y se tienen que restaurar dichos ecosistemas. Esto sirve, justamente, para que ningún emprendedor inmobiliario pueda prender fuego de manera intencional un bosque o un humedal y así comprarlo a precio de remate sobre sus cenizas con el objetivo de convertirlo en un barrio cerrado, un hotel o un campo de soja, por poner algunos ejemplos. Zonas agropecuarias y pastizales: Elimina por completo la prohibición temporal de 30 años para cambiar el uso del suelo, lotear o vender praderas, pastizales o zonas agropecuarias afectadas por incendios. Bosques nativos: Retira el plazo fijo de prohibición (que era de 60 años), delegando mayor poder de decisión a las normativas provinciales, aunque los debates en comisiones buscaron mantener resguardos particulares según el tipo de zona. DESALOJO EXPRÉS Puntos Clave del Proyecto: Usurpación o intrusos: Si el propietario demuestra con papeles que es el dueño y el derecho es verosímil, la Justicia puede ordenar la entrega inmediata del inmueble en un plazo de 72 horas.  Inquilinos morosos: Se establece una intimación previa por falta de pago (con plazos que varían entre 3 y 10 días según el texto en discusión) para regularizar la deuda. Si no se paga, se activa el proceso rápido de desalojo.  Casos vulnerables: Se prevé la intervención de organismos de protección social por un plazo acotado (máximo 10 días) para hallar una alternativa habitacional si hay menores o personas en situación de vulnerabilidad.  Objetivo principal: Reducir los juicios tradicionales de desalojo que hoy tardan años y dar mayor seguridad jurídica al mercado inmobiliario y a la propiedad privada. El presidente de la Federación Nacional de Inquilinos cuestionó la reforma del Código Civil y aseguró que la iniciativa permitiría ordenar desalojos en 72 horas a partir de una declaración del propietario, sin una instancia efectiva de defensa para las familias. “Lo que hace esta ley es quitar garantías para que los inquilinos puedan defenderse en un juicio por desalojo”, sostuvo Muñoz en declaraciones a El Destape Radio. EXPROPIACIONES Cambios Clave en el Régimen: Interpretación estricta: Aplica un criterio restrictivo a la hora de declarar la utilidad pública de los bienes. Indemnización previa: Exige el pago íntegro y previo en moneda de curso legal antes de concretar cualquier transferencia de dominio. Actualización y lucro cesante: Establece mecanismos de actualización del monto indemnizatorio atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y formaliza el reconocimiento del lucro cesante. Ocupación temporánea: Regula con mayores exigencias y plazos acotados la ocupación temporánea anormal por parte del Estado, limitándola a situaciones de necesidad objetiva. LAS VOCES EN CONTRA DE ESTE PROYECTO ARGUMENTAN 1. Encarecimiento extremo y desfinanciamiento estatal Inclusión del lucro cesante: El proyecto establece que el Estado no solo debe pagar el valor objetivo del bien, sino también compensar el “lucro cesante” (ganancias futuras que el propietario deje de percibir) hasta un tope del 30%. La oposición argumenta que esto volverá las expropiaciones impagables para el erario público, bloqueando el desarrollo de rutas, autopistas, tendidos eléctricos o represas. Actualización excesiva de costos: Al imponer tasas de interés comerciales y valores de tasación previos a la obra pública, señalan que se busca beneficiar económicamente a grandes corporaciones terratenientes ante cualquier intervención estatal. 2. Restricción y burocratización de la “Utilidad Pública” Interpretación restrictiva: La reforma exige que la declaración de utilidad pública sea de “interpretación restrictiva” y demuestre de forma científica que es la medida más “idónea, necesaria y proporcional”. Quienes se oponen advierten que esto abre una vía para la judicialización masiva por parte de privados, paralizando cualquier expropiación durante años en los tribunales. Pérdida de la función social de la propiedad: Críticos del sector de izquierda denuncian que el proyecto elimina el principio constitucional de que el bien común o espiritual prima sobre la propiedad individual, reduciendo al Estado a un rol sumiso frente a los especuladores financieros. 3. Desprotección de Barrios Populares y Asentamientos Eliminación de protecciones en villas: Uno de los puntos más rechazados (y que motivó protestas coordinadas por la Iglesia y movimientos sociales) fue el intento de quitar la declaración automática de “sujetos a expropiación” a las tierras del Registro Nacional de Barrios Populares. Riesgo de desalojos: Sostienen que, al reemplazar la expropiación estatal por “convenios privados”, se fomenta la mercantilización del suelo urbano, dejando a miles de familias expuestas a la especulación inmobiliaria y a procesos de expulsión o gentrificación. 4. Limitación a las Ocupaciones Temporáneas de Emergencia Límite de 90 días: El proyecto acota las ocupaciones temporales del Estado por emergencias a un máximo de 90 días, prorrogables solo una vez. La oposición argumenta que este plazo es totalmente insuficiente para gestionar catástrofes naturales prolongadas, crisis sanitarias graves o la logística de grandes obras de infraestructura, atando de manos a las autoridades ejecutivas.