IDENTIFICACIÓN DE 12 PERSONAS DESAPARECIDAS EN EL EX CENTRO CLANDESTINO LA PERLA
El Juzgado Federal Número 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, emitió un escueto comunicado dando cuenta del resultado positivo de trabajos de análisis antropológicos forenses realizados en la zona conocida como “Loma del Torito”, dentro de la Guarnición Militar La Calera; ex centro clandestino de detención y exterminio ‘La Perla’, en Malagueño.
La justicia federal de Córdoba anunció la identificación de los restos de doce personas en el terreno lindero al campo de concentración conocido como La Perla.
Los trabajos del EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense) en un área delimitada de La Perla comenzaron el 16 de septiembre del año pasado. Rápidamente se hallaron restos óseos humanos.
Desde el EAAF resaltaron la importancia de que las familias de personas desaparecidas actualicen sus datos de contacto.
A pocos días de que se cumplan los 50 años del inicio de la dictadura, la identificación de las doce víctimas no hace más que mostrar que la verdad —por más que se la sepulte o se la niegue— termina saliendo a la luz.
El juzgado federal de Miguel Hugo Vaca Narvaja trabaja por estas horas en la notificación de los resultados a las familias de quienes fueron identificados por el trabajo conjunto del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de la provincia de Córdoba.
Recién cuando las familias sean informadas y se les consulte si están dispuestas a que la información se haga pública, se espera que el juzgado convoque a una conferencia de prensa.
La Perla funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) entre 1976 y 1978. Estaba ubicada en terrenos del Tercer Cuerpo de Ejército, a la vera de la Ruta 20 que une Córdoba Capital con Villa Carlos Paz. El campo de concentración estaba al mando del Destacamento de Inteligencia 141 de Córdoba.
Entre 2200 y 2500 personas estuvieron secuestradas en esa mazmorra, según investigaciones del Archivo Provincial de la Memoria. La gran mayoría de las víctimas están desaparecidas.
En Córdoba, los vuelos de la muerte no fueron la modalidad predominante para hacer desaparecer los cuerpos de las víctimas, sino los enterramientos. En La Perla se hablaba de los pozos, del metro ochenta o de ver crecer los rabanitos desde abajo. Esos eran los eufemismos siniestros a los que recurrían los oficiales que eran dueños de la vida y de la muerte.
Los secuestrados que iban a ser “trasladados” eran preparados. Se los separaba de la cuadra donde estaba el resto de sus compañeros. Les ponían una venda en los ojos y una mordaza en la boca para que no pudieran gritar. Les sujetaban también las manos por detrás. Después eran subidos a un camión Mercedes-Benz. Con el humor que da lo perverso, los represores hablaban de los “Menéndez Benz” porque eran los vehículos que estaban al servicio de Luciano Benjamín Menéndez, comandante del Tercer Cuerpo de Ejército.
En los primeros meses de la dictadura, los traslados eran masivos. Se podían llevar hasta 60 o 70 personas juntas, declararon los sobrevivientes. Después, se volvieron más reducidos. Los camiones solían llegar a las tres o cuatro de la tarde, cargaban a los prisioneros que serían asesinados y partían. En general, estaban de regreso en un lapso breve: entre 20 y 30 minutos. “Lo que daba la idea de que el lugar de fusilamiento estaba dentro de los terrenos de la misma guarnición militar”, dejó establecido el tribunal oral que estuvo a cargo de la megacausa La Perla.
El 10 de mayo de 2004, el teniente coronel Guillermo Enrique Bruno Laborda presentó un reclamo porque no había sido ascendido a coronel. En ese escrito, Bruno Laborda reconoció haber actuado en La Perla y haber intervenido en tres fusilamientos —incluido el de una mujer que acababa de parir—. En su descargo, detalló que después de las ejecuciones arrojaban el cuerpo en un pozo y le prendían fuego. También afirmó que había participado “activamente” en la remoción de los cadáveres en 1979, meses antes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitara el país para documentar las denuncias contra la dictadura. Según la versión de Bruno Laborda, se usaron máquinas del Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 para sacar los restos, que luego eran “compactados” y arrojados en las proximidades de una salina de La Rioja.
