El fiscal general de Córdoba Juan Manuel Delgado, confirmó que elevará la acusación contra los tres fiscales que intervinieron en la investigación del crimen de Nora Dalmasso. Los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro enfrentarán un jury por su accionar durante la instrucción de la causa.
El femicidio de Nora Dalmasso fue consumado el 26 de noviembre de 2006 en la casa de la víctima ubicada en Río Cuarto, permanece impune.
Dalmasso fue abusada y asesinada en su casa del barrio Villa del Golf, de la ciudad de Río Cuarto, cuando se estaban realizando reformas en su domicilio. La investigación judicial siempre estuvo en el centro de las críticas, pero los cuestionamientos al trabajo de los primeros fiscales del caso aumentaron a fines de 2024, cuando las pruebas señalaron que había rastros de ADN del parquetista Roberto Bárzola en el lazo de la bata de baño de Nora.
Más allá de ser el principal sospechoso del ataque, Bárzola fue sobreseído por prescripción -ya que pasaron más de 15 años del hecho-, decisión que fue apelada. Durante 16 años los fiscales investigaron la causa en diferentes momentos y en forma sucesiva, pero las hipótesis apuntaron en diferentes direcciones.
La abogada Mariángeles Mussolini, representante de legal de los Macarrón, sostuvo que la detección tardía de un rastro genético en el cuerpo de la víctima expuso una serie de errores que debieron investigarse en su momento.
Cuando comenzó la instrucción, Di Santo detuvo al pintor Gastón Zárate, bautizado por los medios como “El Perejil”, ya que la comunidad de Río Cuarto estimaba que era un chivo expiatorio para cerrar rápido el expediente. Tanto Zárate -detenido en 2025 por el homicidio de un hombre- como Bárzola, que en la causa declaró como testigo, fueron algunos de los trabajadores que estuvieron realizando las reformas en Villa Golf.
Tras la liberación del pintor, la acusación fue dirigida por Miralles y primero apuntó contra Facundo, el hijo de Nora -planteando una presunta relación incestuosa-, y más tarde contra su viudo, Marcelo Macarrón. Esto se debió a que se había detectado “ADN de un integrante de la familia Macarrón” en la bata. Así, el fiscal analizó la posibilidad de que su esposo, que en el momento del asesinato estaba jugando al golf en Uruguay, pudiera haberse tomado un avión para cometer el crimen, lo cual nunca se comprobó.
Pizarro, por su parte, imputó a Macarrón por “homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria“, es decir, acusándolo de presuntamente de haber contrado a un sicario para perpetrar el femicidio. Pero el traumatólogo fue absuelto en un juicio que se llevó a cabo en 2022, donde fue hallado “inocente”. En 2025, el Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados de Córdoba les inició un jury por “mal desempeño” y “negligencia grave”.
En el proceso oral y público, los funcionarios judiciales deberán esclarecer por qué omitieron la inclusión de pruebas claves y los persistentes cambios en la carátula. Uno de los puntos más controversiales es la exclusión de la investigación de los rastros del ADN del presunto asesino, que estaban presentes en el cuerpo de Nora y son compatibles con el último imputado, Roberto Bárzola. El jury comenzará a principios de abril.
El fiscal Delgado los acusará principalmente por “negligencia grave y mal desempeño”, basándose en los lineamientos del artículo 154 de la Constitución provincial. El resultado de las idas y vueltas durante la instrucción derivó en la prescripción la causa y la imposibilidad de que Bárzola sea condenado penalmente en caso de ser hallado culpable.
Con información de Perfil.com
