A través de un comunicado de Oficina del Presidente, el Gobierno confirmó que Javier Milei envió al Congreso una modificación a la Ley de Glaciares. El Ejecutivo quiere tratarla durante las sesiones extraordinarias para disminuir el área de protección de estas reservas de agua dulce.
“Esta reforma responde al rumbo trazado por el Presidente de la Nación desde el primer día: terminar con la parálisis regulatoria, ordenar el Estado, respetar la Constitución y liberar las fuerzas productivas de la Argentina”, se lee en el comunicado. Más adelante se marca que este es un pedido explícito de las provincias mineras: Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza, San Juan.
El Ejecutivo solicitó al Congreso que otorgue un pronto tratamiento al proyecto y que, en el proceso legislativo, se garantice la participación ciudadana.
El documento oficial define esta iniciativa como “una verdadera reforma de federalismo ambiental” que da cumplimiento a los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo. Reafirma el mandato constitucional del artículo 41, que exige proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano, y del artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales. Fortalece el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconoce su capacidad técnica y científica, y promueve una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares.
El Gobierno nacional está convencido de que esta reforma representa “un paso decisivo para poner a la Argentina de pie, con reglas claras, federalismo real, desarrollo productivo y crecimiento económico”.
La iniciativa busca ordenar una normativa que, según el Ejecutivo, generó durante más de una década incertidumbre jurídica y trabó el aprovechamiento de recursos naturales en las provincias cordilleranas.
