De acuerdo con los datos recogidos por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, en 2023, al menos 3897 mujeres fueron víctimas de femicidio o feminicidio en la región.
El femicidio es la manifestación más extrema de la violencia hacia las mujeres. La violencia basada en género es una forma de la discriminación contra la mujer que inhibe gravemente su capacidad de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. Puede ser ejercida por diferentes personas y en diferentes ámbitos, como el doméstico, el educativo, el laboral, e incluso actualmente es intensificada por las herramientas digitales. En la mayoría de los casos, quienes cometen los feminicidios son parejas o ex parejas de la víctima.
El último informe elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y ONU Mujeres, revela que el femicidio está creciendo en todo el mundo, destacando que “si bien hay mayor conciencia y condena pública contra estos asesinatos, falta mucho por hacer para prevenir la violencia contra las mujeres, frenar su aumento, prestar servicios adecuados para las sobrevivientes y castigar a los perpetradores”.
Tanto en el ámbito universal con la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia las Mujeres como en el ámbito interamericano con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer también llamada “Convención de Belém do Pará, existen instrumentos que establecen obligaciones para los Estados en casos de violencia contra las mujeres, que incluyen procedimientos, mecanismos judiciales y legislación encaminada a prevenir la impunidad y medidas para proteger a las mujeres de actos de violencia. Asimismo, establece el deber de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.
El Observatorio Nacional de Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) publicó un informe alarmante sobre la situación de los femicidios en Argentina durante 2025. Según el relevamiento realizado entre el 1° de enero y el 20 de noviembre, se registraron 229 femicidios, lo que equivale a una muerte violenta por motivos de género cada 34 horas. La organización advirtió que “los femicidios no bajan, la crueldad y la misoginia crecen”, y renovó su pedido por la declaración de Emergencia en Violencias de Género.
El reporte también incluye cifras que profundizan la dimensión del problema: se contabilizaron 901 intentos de femicidio, es decir, cuatro por cada caso consumado. A esto se suman 157 niñas y niños que quedaron sin madre y que requieren acompañamiento integral. El análisis de Mumalá señala además que el 81% de los agresores pertenecía al círculo cercano de la víctima, lo que refuerza la importancia de las políticas de prevención, protección y abordaje temprano.
En el ámbito del MERCOSUR, el Consejo del Mercado Común (CMC) ha adoptado una serie de instrumentos y recomendaciones específicas contra la violencia de género, en particular, la Decisión Nº 13/2014 que aprueba las Directrices de la Política de Igualdad de Género; la Recomendación Nº 4/2014 referida a las Mujeres migrantes en contextos de violencia doméstica; la Recomendación Nº 5/2015 sobre Muerte violenta de mujeres por razones de género (Femicidio/Feminicidio); la Recomendación Nº 4/2017 sobre Reconocimiento regional mutuo de medidas de protección para mujeres en situación de violencia basada en género; la Recomendación Nº 4/2019 sobre Reconocimiento regional mutuo de medidas de protección para mujeres en situación de violencia basada en género; la Recomendación Nº 5/2019 sobre Abordaje integral de la violencia contra las mujeres: violencia simbólica y mediática; la Recomendación Nº 1/2018 sobre Políticas contra la violencia de género en el medio rural; entre otros instrumentos.
Además, en 2022 se aprobó el Acuerdo sobre Reconocimiento Mutuo de Medidas de Protección para las Mujeres en Situación de Violencia de Género entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, mediante el cual un Estado Parte emite una Orden de Protección MERCOSUR (OPM), indicando que ha dictado la medida de protección en favor de una mujer en situación de violencia de género, a los efectos de su reconocimiento en otro u otros de los Estados Partes.
El intercambio de experiencias de políticas públicas contra la violencia basada en género, sea en la prevención, en la garantía en el acceso a la justicia y a la reparación de estos crímenes, es muy importante. En ese marco, y por mandato de la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos el MERCOSUR, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH) publicó en 2020 el compendio regional IPPDH-Muerte-de-mujeres-por-razones-de-género.pdf
La violencia hacia las mujeres sucede en el marco de patrones estructurales de discriminación e impunidad. Desde el IPPDH, destacamos la urgencia de fortalecer las políticas públicas y desarrollar acciones concretas para poner fin a esta grave vulneración de los derechos humanos de las mujeres; avanzar en la producción de datos nacionales sobre las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidios/feminicidios), de forma de permitir mapear el contexto en que ocurren, así como el perfil de los agresores y de las víctimas; que los Estados se comprometan a mejorar los procedimientos de investigación, juicio y sanción de los casos de muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio), así como la culpabilidad de las mujeres, y que se garanticen los derechos a la verdad, a la justicia y a la memoria de las víctimas directas e indirectas.
