Representantes de Aministía Internacional de Argentina; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA); la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), expusieron este miércoles datos sobre los ataques a la libertad de expresión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero el Gobierno minimizó esos cuestionamientos.
Hostigamientos y discursos estigmatizantes hacia periodistas, incluidas campañas de difamación reproducidas por el mismísimo Presidente de la Nación. Represión direccionada a trabajadores de prensa en protestas sociales. Vaciamiento de los medios públicos, celebrado como un objetivo cumplido.
Las instituciones y sindicatos plantearon el “alarmante” el panorama para la prensa y ante las condiciones en las que trabajan los periodistas y los medios de comunicación.
El Gobierno estuvo representado en la audiencia virtual por el subsecretario de Derechos Humanos, Julio Baños, quien en 13 minutos y en representación del Estado argentino, leyó respuestas básicamente dirigidas a negar o minimizar todo lo expuesto allí mismo. Negó la existencia de una política de desprestigio a pesar de que el propio presidente, desde sus redes sociales, manifieste que “la peor cloaca del universo está en los medios”, que son una “basura mentirosa” y que son “sicarios con credencial de supuestos periodistas”.
El monitoreo de libertad de expresión de Fopea arrojó que en 2024 se registraron “179 casos de ataques al ejercicio periodístico y un aumento del 53%” respecto a 2023.
“El Presidente encabeza la mayor parte de los agravios. Es responsable de 113 de los 250 casos registrados hasta noviembre del 2025″, sostuvo Paula Moreno, presidenta de la asociación.
Expuso el periodista Alconada Mon
Por su parte, Hugo Alconada Mon, periodista de La Nación y miembro de Fopea, detalló cómo fueron los intentos de hackeo a sus redes sociales, las amenazas en su teléfono celular y sus cuentas financieras, además de la registración de su identidad en páginas pornográficas luego de haber investigado el plan de inteligencia del Gobierno que habilitaba la posibilidad de espionaje ilegal sobre opositores y periodistas.
Amnistía Internacional de Argentina señaló que durante 2024 y lo que va del 2025 alrededor de 300 trabajadores de prensa “resultaron heridos” con “lesiones oculares, heridas en el rostro e impactos de balas en el cuerpo”.
“Su trabajo en el contexto de las manifestaciones sociales es clave, ya que las imágenes, filmaciones y fotografías funcionan como un control externo del Estado. Pero el Gobierno no quiere que su accionar quede registrado, y lo resuelve apuntando a periodistas en la calle”, denunció Paola García Rey, directora adjunta de la ONG en nuestro país.
SiPreBA planteó el caso de Julia Mengolini
En representación del SiPreBA, secretario adjunto electo del gremio y el periodista de Clarín, Francisco Rabini, recordó las agresiones digitales y mediáticas a través de la confección de fake news realizadas con inteligencia artificial hacia la periodista y directora de la emisora Futurock, Julia Mengolini, quien estaba allí presente; los golpes que recibió por parte de un ciudadano el director de El Destape, Roberto Navarro, y el impacto del misil de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza del fotógrafo independiente Pablo Grillo, que aún continúa en tratamiento.
El fotoperiodista de Argra, Tomás Cuesta, relató las consecuencias de lo que implica hoy cubrir una manifestación en Argentina porque, dijo, “hace dos años” los trabajadores de prensa “normalizamos equiparnos como si fuéramos a una zona de guerra” con casco, máscara de gas y gafas protectoras.
“Nos mantenemos en contacto y atentos a ver si todos volvimos bien. No porque las manifestaciones sean más violentas, sino porque la Policía lo es, y porque en muchos casos la prensa se convirtió en un blanco”, remarcó.
La palabra de la CIDH
La secretaria ejecutiva de la Comisión, Tania Reneaum Panzi, señaló que en nuestro país existe efectivamente “un contexto de amenazas y criminalización” a los periodistas y a activistas de derechos humanos, y prometió realizar una visita a la Argentina luego de la solicitud por parte de los miembros presentes.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, se sumó a las palabras de Panzi y manifestó que cuando un gobernante se dirige a la prensa “lo hace desde una posición de poder” y “puede tener impactos”.
“La voz de una autoridad no es una voz cualquiera. El sistema interamericano aspira a que la voz de toda autoridad no contribuya a la generación de riesgos para otras personas”, concluyó.
